En una medida que busca atender de raíz la violencia en los centros escolares, se presentó una propuesta legislativa para sancionar con penas de cárcel a los padres de familia o tutores cuyos hijos introduzcan armas de fuego o punzocortantes a las escuelas. La reforma plantea que la responsabilidad de lo que un menor porta en su mochila comienza en el entorno familiar, estableciendo un castigo directo a los adultos por la negligencia en la custodia de objetos peligrosos.
Un freno a la violencia desde el hogar
El argumento central de la propuesta es que la detección de armas en las escuelas no debe ser vista solo como una falta disciplinaria del estudiante, sino como un síntoma de una falla en la supervisión parental. Por ello, la ley busca obligar a los tutores a garantizar que ningún objeto que pueda dañar a terceros salga de la casa con destino a un plantel educativo.
Modificaciones en el Código Penal
La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Rebeca Peralta León precisó que la iniciativa propone adicionar el Artículo 251 Bis al Código Penal de la Ciudad de México, el Artículo 9 Bis a la Ley de Educación de la Ciudad de México y el Artículo 48 Bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes local.
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El alcance de las sanciones propuestas
La iniciativa propone penas que van desde los dos hasta los cuatro años y seis meses de prisión. Además de la privación de la libertad, se contemplan multas económicas de 100 a 300 Unidades de Medida y Actualización (entre 12 mil y 35 mil pesos) y la participación en programas de responsabilidad parental y prevención de la violencia.
Según el planteamiento, estas sanciones se aplicarían cuando se demuestre que el arma salió del entorno doméstico o que los padres fueron omisos en la vigilancia necesaria para evitar que el menor tuviera acceso a ella.
La diputada Rebeca Peralta León destacó que no se trata de criminalizar a los menores, sino de asegurar que los adultos asuman su papel como primeros responsables de la seguridad. “Estos hechos obligan a reflexionar sobre cómo es posible que un menor tenga acceso a un arma de fuego. Cuando un arma llega a las manos de una niña, un niño o un adolescente no se trata de un simple descuido, sino de una señal clara de que falló el entorno que debía protegerlos”, explicó.
El camino hacia la aprobación
La propuesta ha sido turnada a las comisiones correspondientes del Congreso de la Ciudad de México para su análisis detallado. De ser aprobada, la capital podrá legislar de manera estricta sobre la responsabilidad penal de los padres en incidentes escolares armados. El debate ahora se centra en los mecanismos para demostrar la negligencia y en cómo esta medida complementará programas existentes como "Mochila Segura", buscando siempre proteger el interés superior de la niñez.