Para evitar la explotación laboral en México, se aprobó recientemente una reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, que incluye la Ley Federal del Trabajo.
Dicha reforma estipula que las jornadas laborales que pasen el límite legal sean consideradas como un delito de explotación laboral el cual será sancionado hasta con 12 años de prisión y grandes multas.
¿Qué está considerado como explotación laboral?
Anteriormente, la explotación laboral se centraba en condiciones peligrosas, cargas de trabajo desproporcionadas o compensaciones inferiores al salario mínimo.
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Con esta nueva reforma se amplía esta definición para incluir jornadas laborales que excedan los límites legales establecidos.
Esto quiere decir que trabajar más de 48 horas semanales o superar las tres horas diarias de horas extras puede considerarse explotación laboral.
Sanciones y penas por jornadas laborales excesivas
Cabe señalar que las sanciones por este tipo de explotación laboral son severas. La pena general es de entre tres y 10 años de prisión, más una multa de entre 5,000 y 15,000 días de salario.
Pero, si la explotación afecta directamente a personas de pueblos indígenas o afromexicanos, la pena puede incrementar a entre cuatro y 12 años de prisión y multas de hasta 70,000 días de salario.
Impacto de la reforma y su efecto en las empresas y trabajadores
Esta reforma busca eliminar el uso de jornadas laborales excesivas por parte de los empleadores.
De acuerdo a Ernesto de la Puente, asociado senior de la firma Santamarina y Steta, dicha medida puede obligar a las empresas a revisar y ajustar sus prácticas laborales para cumplir con la ley.
La reforma a la Ley Federal del Trabajo es un gran avance para la protección de los derechos laborales en México.
Al establecer sanciones severas por jornadas laborales excesivas, con esto se busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores y se promueva un entorno laboral más justo y seguro.
Las empresas tendrán que adaptarse a estos cambios para evitar sanciones y garantizar el cumplimiento de la ley.