Diez funcionarios que estuvieron al frente de las aduanas más importantes del país hoy se encuentran bajo investigación de la Fiscalía General de la República tras haber sido denunciados por la Secretaría de Hacienda por presuntos hechos de corrupción y lavado de dinero proveniente del contrabando, tráfico de armas, huachicol y hasta narcotráfico.
Fuentes de la FGR confirmaron a Animal Político que hay en integración carpetas de investigación contra cada uno de los ex funcionarios federales denunciados.
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29 funcionarios en total fueron cesados por pérdida de confianza
Varios de ellos fueron promovidos o mantenidos en sus cargos a pesar de no haber aprobado los exámenes de control de confianza, que incluyen revisiones toxicológicas, patrimoniales y psicométricas.
Desde que empezó el 2020, hay una limpia en las aduanas del país, en acción conjunta de la Administración General de Aduanas (AGA), con Horacio Duarte como titular, y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dirigida por Santiago Nieto.
Como resultado de los operativos 29 agentes fueron cesados por “pérdida de confianza”, y de ellos, 10 fueron denunciados ante la FGR por la UIF.
Según las investigaciones los hechos de corrupción afectaron de manera importante la recaudación de recursos: uno en Baja California, mediante la introducción ilegal de autos “chocolate” y armas de fuego, y otro en Tamaulipas, por medio del ingreso de combustible desde Texas sin el pago de impuestos.
Una vez que los administradores corruptos fueron removidos, la recaudación de impuestos aumentó en las aduanas, de acuerdo con información proporcionada por el SAT.
Los ex funcionarios investigados
Los ex funcionarios investigados por la FGR son Ricardo Díaz de la Serna, de la aduana de Nuevo Laredo; Jesús Eduardo Mucharraz Herrera, de Matamoros, y José Luis Avendaño, de Reynosa en el estado de Tamaulipas; Viridiana Soria Amador, de Tijuana; David Pérez Tejada Padilla, de Tecate (también ex diputado federal del PVEM), y Raymundo Humberto Jiménez Lázaro, de Mexicali, todos ellos pertenecientes de Baja California.
Por último, Jorge Aurelio Brito Sevenello, ex administrador en Querétaro; Carlos Ignacio Franco Salgado, de Guanajuato; Jaime Nova Palma, de Lázaro Cárdenas (Michoacán), y Guillermo César Calderón León, de Progreso (Yucatán), quien también fue diputado local del PRI en el Estado de México. Este último, de acuerdo con fuentes federales, no se encuentra localizable e intenta evadir la justicia, a pesar de que no hay una orden judicial en su contra.
“Hicimos un modelo de riesgo que aplicamos sobre los 49 administradores e identificamos aquellos que presentaban un perfil sospechoso por su entorno económico. Hoy ya tenemos a la quinta parte de ellos no solo removidos, sino denunciados. Y vamos a continuar con la revisión para erradicar esta corrupción”, advirtió en entrevista Santiago Nieto, titular de la UIF.
En la mayoría de los casos investigados predomina el uso de familiares, prestanombres y empresas fantasmas, con los cuales los ex administradores habrían intentado ocultar el dinero proveniente de los sobornos que aceptaban a cambio de permitir hechos delictivos en las aduanas que encabezaban, según la acusación de la UIF.
“Hay que decirlo: las aduanas son una de las debilidades más grandes de nuestro sistema. Los puertos y las aduanas son vulnerables por la trata de personas, el tráfico de migrantes y, en general, la porosidad de nuestras fronteras”, planteó Nieto. “Creo que la remoción de los servidores públicos corruptos ayudará a disminuir esto, y sobre todo a que aumentemos la percepción de riesgo para quien quiera delinquir”.