El gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este lunes la actualización de la Nueva Ley de Aguas, una reforma que busca terminar con décadas de inequidad en el acceso al vital líquido, eliminar la especulación con los títulos de concesión y combatir el uso ilegal del agua en el país.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) , Efraín Morales, detalló los alcances de la nueva legislación, que pone fin a prácticas como la transmisión de concesiones entre particulares y el cambio de uso del agua con fines de lucro.
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Los vicios de la antigua ley: Especulación y acaparamiento
Efraín Morales explicó que la legislación anterior permitía la transmisión de concesiones de agua, lo que generaba un mercado paralelo donde particulares lucraban con el recurso. Un caso ejemplar:
"Existían concesiones de transmisiones en los que 7 títulos de concesión se fueron transmitiendo para diferentes tipos de usos, incluso para usos públicos. Esos 7 títulos se convirtieron en 50 títulos, representando una ganancia de hasta 54 millones de pesos para un particular", reveló el funcionario.
Ahora, con la nueva ley de aguas, estas concesiones no pueden ser transmitidas, acabando con este problema de raíz .
Otro de los vicios detectados fue la especulación con los títulos de agua. En un caso específico, se identificaron:
- 103 concesiones agrícolas que no existían
- 284 constancias de libre alumbramiento falsas
La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que con la antigua ley se permitía la transmisión de concesiones y los cambios de uso, lo que provocaba desigualdad en el acceso al agua. Aunque debía reportarse el destino del agua, esto nunca se hacía.
"El recurso era usado para generar dinero, mientras otras poblaciones no tenían acceso al vital líquido", sentenció la mandataria .
Sanciones más severas: Multas de 3 millones de pesos y clausura
Con la nueva legislación, las autoridades tienen herramientas para sancionar con mayor rigor a quienes acaparen o hagan mal uso del agua. Las medidas incluyen:
- Extinción de la concesión para quienes incumplan la ley
- Multas de hasta 3 millones de pesos para quienes participen en el acaparamiento o uso ilegal
- Clausura de inmuebles donde se realicen prácticas irregulares
"Huachicol de agua" en Baja California Sur
El titular de Conagua también dio a conocer un caso de extracción ilegal de agua en Baja California Sur, donde un acueducto fue intervenido para sustraer el líquido de manera clandestina, una práctica que ya se conoce como "huachicol de agua".
"En Baja California Sur había un acueducto que fue intervenido para la extracción ilegal de agua. Ya ha sido clausurado", informó Morales .
Refresquera adeuda 234 millones de pesos por uso de agua
En otro hallazgo relevante, la Conagua detectó que una empresa refresquera acumula un adeudo millonario por el uso del agua:
Adeudo total 234 millones de pesos
Títulos de concesión sin pago 18 títulos (2,842,000 m³)
Títulos sobreexplotados 10 títulos
Concesiones sin medidor 42 concesiones
A pesar del adeudo, la empresa ha realizado un pago de 50 millones de pesos y se ha acercado a Conagua para resolver su situación. Por esta razón, el funcionario evitó dar el nombre de la compañía, pues se encuentra en proceso de negociación .
Sistemas comunitarios: Un nuevo modelo de acceso
La nueva ley también busca garantizar que los sistemas comunitarios de agua en ejidos, comunidades y pueblos indígenas puedan tener acceso al vital líquido, poniendo fin a décadas de marginación y desigualdad en la distribución del recurso.
Un cambio de paradigma
La presidenta Sheinbaum enfatizó que esta reforma representa un cambio de paradigma en la gestión del agua en México:
"El agua no es una mercancía, es un derecho humano. Con esta ley, estamos devolviendo el control del agua a las comunidades y terminando con el abuso de unos cuantos que lucraban con un recurso que debería ser de todos".
La nueva legislación forma parte de las reformas estructurales impulsadas por el gobierno de la Cuarta Transformación para garantizar el acceso equitativo a los recursos naturales y combatir la corrupción en su administración.