Durante su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dedicó parte del diálogo diario con la prensa a detallar los avances en la discusión de la nueva Ley de Aguas, una legislación que ha generado debate público por su impacto en el uso, distribución y regulación de uno de los recursos más importantes del país. Para ello, el titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, expuso los elementos centrales de la reforma y aclaró dudas que han surgido en los últimos días.
Morales explicó que el objetivo de la Ley es garantizar una distribución equitativa y justa del agua entre los municipios, priorizando a las comunidades que históricamente han enfrentado desabasto y poniendo freno a prácticas de acaparamiento.
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Entre los puntos centrales, destacó que la Ley busca desmercantilizar el agua, es decir, impedir que el recurso siga siendo objeto de especulación económica o de mercados ilegales que se han extendido en varias regiones del país. Aclaró también que los ejidatarios tendrán garantías amplias, pues podrán heredar terrenos con títulos de concesión, vender propiedades con dichos títulos y rentar sus terrenos en periodos sin plantíos, sin riesgo de perder sus derechos.
Otro aspecto importante es que la Ley no criminaliza a los productores, siempre y cuando el uso del agua sea legítimo y destinado a sus actividades agrícolas. Morales subrayó que la regulación se enfocará en castigar casos de acaparamiento masivo, haciendo referencia a episodios previos como la construcción irregular de presas particulares. Asimismo, precisó que transportar agua en pipas para riego de cultivos no será sancionado, pero sí lo será cuando se utilice para la venta clandestina del recurso.
La presidenta Sheinbaum respaldó estas aclaraciones y aseguró que el propósito de la ley es proteger a quienes necesitan el recurso para vivir y trabajar, no perjudicarlos. Sobre la importancia de la reforma, destacó:
Esta Ley busca poner orden sin afectar a quienes usan el agua de manera legítima. Se trata de garantizar acceso y justicia para todas y todos.
Con estas precisiones, el gobierno federal busca disminuir la incertidumbre en torno a la nueva normativa y reforzar su mensaje: el agua es un derecho, no una mercancía, y la nueva Ley pretende asegurar su acceso de manera clara, equitativa y regulada.