La presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera, aseguró que la nueva Ley General de Aguas aprobada el jueves “pone fin al acaparamiento, a la venta ilegal del líquido y a prácticas de corrupción que por años afectaron al país”. El dictamen obtuvo 85 votos a favor y 36 en contra en el Pleno.
Rivera afirmó que el nuevo marco legal reconoce que el agua “no es una mercancía, por lo tanto, no es un negocio, sino un derecho humano reconocido en la Constitución”. Sostuvo que la prohibición para que las concesiones puedan transmitirse libremente entre particulares elimina un mercado irregular que, según dijo, surgió en administraciones pasadas.
EL AGUA VUELVE AL PUEBLO
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La legisladora enfatizó que la reforma “no afecta a los agricultores, sino a quienes acaparan el recurso” y añadió que con este cambio jurídico “el agua vuelve a ser del pueblo y el Estado recupera la rectoría en su manejo”. Rivera destacó que los derechos de uso regresan al Estado para que la Comisión Nacional del Agua los reasigne “de forma vigilada”, lo cual, apuntó, permite terminar con la compraventa ilegal de concesiones.
La nueva ley también reconoce por primera vez los sistemas comunitarios de agua, especialmente en pueblos indígenas y afromexicanos. Rivera señaló que el ordenamiento protege a estas comunidades ante posibles recortes de volúmenes concesionados, que ahora deberán ser “justificados técnicamente y notificados con anticipación”.
HERENCIA Y PROTECCIÓN
El texto aprobado incorpora lineamientos que evitan el acaparamiento del recurso y garantiza derechos de sucesión, de modo que la concesión pueda acompañar la herencia de tierras. Rivera afirmó que con estas disposiciones “México avanza hacia la justicia hídrica que durante años nos negaron”. Confió en que la nueva ley será benéfica tanto para el país como para el sector agrícola.