El pasado 5 de febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una propuesta integral de reforma al Poder Judicial, cuyo objetivo es modificar la estructura y funcionamiento de dicho poder en México.
Este ambicioso proyecto ha superado un paso clave tras su reciente aprobación en lo general por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. La votación resultó en 22 votos a favor por parte de Morena y sus aliados (PVEM y PT), frente a 17 en contra de las bancadas opositoras (PRI, PAN, PRD y MC).
Reforma al Poder Judicial
La sesión de discusión estuvo marcada por posturas fuertemente contrastadas. Por un lado, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, del PAN, cuestionó la autenticidad del proceso de consulta previo, señalando que los foros y diálogos con expertos y ciudadanos fueron, en su opinión, una simple simulación. Rubén Moreira, representante del PRI, coincidió en que la reforma no resuelve problemas estructurales como la saturación de juzgados ni mejora la eficiencia del Ministerio Público.
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Por otro lado, Hamlet García, de Morena, defendió la legitimidad del proceso, asegurando que se tomó en cuenta la opinión del Poder Judicial y de expertos en la materia. A su vez, Gerardo Fernández Noroña, del PT, generó controversia al descalificar a la oposición, calificándolos como "apátridas" y "traidores" por, según él, defender intereses ajenos al país.
La reforma contempla una serie de cambios significativos en la estructura del sistema judicial en México. Entre las modificaciones más destacadas se encuentran:
- Elección popular de jueces y ministros: Se plantea una reforma al artículo 95 de la Constitución para que los jueces, magistrados y ministros sean elegidos mediante voto popular en dos fases, la primera en 2025 y la segunda en 2027.
- Reducción del pleno de la SCJN: El número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se reducirá de 11 a 9, con periodos de servicio de 8 y 11 años, respectivamente.
- Eliminación de órganos y pensiones vitalicias: Se prevé la desaparición de la sala regional especializada del TEPJF y de las salas de la SCJN, manteniendo solo sesiones en el pleno. Asimismo, se eliminarán las pensiones vitalicias para ministros actuales y futuros, con un tope salarial que evitará que alguien perciba más que el presidente.
- Reestructuración del Consejo de la Judicatura Federal (CJF): El CJF será sustituido por un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial, que se encargarán de la administración, control interno y de recibir denuncias contra el personal judicial.
La aprobación de esta reforma en la Comisión de Puntos Constitucionales representa un avance significativo para el proyecto del Presidente López Obrador, aunque aún deberá enfrentar más debates y votaciones en el pleno de la Cámara de Diputados y, posteriormente, en el Senado.