¿Quién es el dueño de la calle frente a tu casa? En México, la propiedad y administración de las calles están regidas por diversas leyes que determinan que las calles, tanto urbanas como rurales, son bienes de dominio público.
Esto significa que pertenecen al Estado y están destinadas al uso común de todos los ciudadanos, por lo que ningún individuo o entidad privada puede reclamar su propiedad.
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Derecho sobre las calles según la ley mexicana
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 27, establece que la propiedad original de las tierras y aguas dentro del territorio nacional corresponde a la Nación.
Aunque la Nación puede transmitir la propiedad de estas a particulares, las calles y otros bienes destinados al uso común están reservados como bienes de dominio público.
La Ley General de Bienes Nacionales, en su artículo 7, refuerza que los bienes de uso común, como calles y plazas, son propiedad de la Nación y están bajo la jurisdicción de los municipios o del gobierno federal.
El Código Civil Federal, en su artículo 744, subraya que los bienes del dominio público de la Federación son inalienables, imprescriptibles e inembargables, lo que significa que no pueden ser vendidos, transferidos o reclamados por particulares.
Responsabilidades y mantenimiento de las calles
El mantenimiento y la regulación de las calles públicas son responsabilidades del gobierno municipal o, en algunos casos, del gobierno estatal o federal.
Esto incluye tareas como pavimentación, reparación, alumbrado, señalización y recolección de basura.
Sin embargo, en fraccionamientos o comunidades cerradas con calles privadas, los residentes o la administración local son responsables de su mantenimiento, ya que estas calles no forman parte del dominio público.
En resumen, la calle frente a tu casa es propiedad del Estado y está destinada al uso común.
Como residente, aunque no eres dueño de la calle, puedes contribuir a su mantenimiento y uso adecuado siguiendo las regulaciones locales y reportando problemas al gobierno municipal.
Para casos específicos, es recomendable consultar con un abogado especializado en derecho público o bienes inmuebles.