Durante la marcha del 8M, celebrada ayer en todo el mundo, fue un día de movilización para cerrar la brecha salarial, garantizar la justicia social y de manera predominante, para exigir el fin de la violencia de género, que en Nuevo Laredo, es el delito de mayor incidencia desde hace años.
Durante el 2025, tres de cada 10 denuncias interpuestas ante la Fiscalía local corresponden a la violencia familiar en la que la mujer es el blanco de las agresiones, con más de 656 querellas formales acumuladas en el año pasado, que equivalen a casi 2 diarias.
Para el arranque del 2026, en enero, la proporción fue similar, con más de 35 denuncias por dicho delito, además de 4 querellas por abuso sexual, uno de hostigamiento y 3 por violación, todos estos ilícitos, en contra de mujeres en Nuevo Laredo.
Te podría interesar
En los últimos cinco años suman más de 3 mil 235 denuncias, con el punto más alto en el 2023, cuando se interpusieron 738 quejas.
Tanto autoridades como diversos organismos y especialistas en la materia coinciden en que la incidencia de este delito es mucho mayor, pues el temor de represalias del agresor que usualmente está en casa, evita que se concreten las denuncias y con frecuencia quienes llegan a ponerle un alto al ciclo de violencia, lo hacen luego de múltiples episodios.
CASA VIOLETA
La Casa Violeta, espacio administrado por el Instituto Municipal de la Mujer (INMUJER) de Nuevo Laredo, ofrece atención integral y refugio temporal a mujeres y sus hijas e hijos que enfrentan situaciones de violencia severa, informó Cinthya Rodríguez Leija, directora del Instituto.
Aseguró que este lugar opera las 24 horas del día, los siete días de la semana; mujeres pueden recibir atención psicológica, legal y médica para garantizar su seguridad, salud y bien estar.
“Casa Violeta es una casa refugio para mujeres en situación de violencia severa. Brindamos resguardo durante 72 horas oficiales, tiempo en el que trabajamos para salvaguardar su vida, la de sus hijos y garantizar su seguridad. Hasta el momento, hemos apoyado a más de 80 familias y canalizado casos a diferentes estados del país como Durango, Ciudad de México y San Luis Potosí”, explicó la funcionaria.
En los casos que derivan en procesos penales, las abogadas del Instituto continúan el acompañamiento jurídico, incluso si la víctima se traslada a otra entidad federativa, el proceso se mantiene.