El exalcalde Enrique Rivas aseguró en un video en sus redes sociales que las acusaciones en su contra son injustificadas, pues la compra de terrenos en su administración, fue a buen precio.
Sin embargo, los señalamientos que han hecho públicos contra Rivas y sus funcionarios, son por conflicto de intereses y simulación de competencia, que beneficiaron económicamente a los mismos funcionarios.
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De acuerdo con información que confirmó el gobierno municipal, “el exalcalde de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, los entonces síndicos Dorina ‘N’ y Santiago ‘N’, deberán comparecer ante un juez de control el 21 de marzo para aclarar la compraventa de un terreno por un monto entre 20 y 50 millones de pesos”.
Los predios fueron comprados por el gobierno de Rivas a una empresa que era propiedad de su alcalde suplente, y exdirigente del PAN. Parte de la información la reveló la exregidora Mónica García Velázquez, durante la administración de Rivas.
“Fueron comprados a la empresa Inmuebles Gran Bulevard,S. A. de C.V., propiedad de Rafael Pedraza Domínguez exlíder del PAN en Nuevo Laredo, exdiputado local y militante azul desde el 2004.
Lo donarían a la WTC, una firma particular de la que presuntamente es socio el exalcalde Rivas, según la denuncia de la regidora Mónica García Velázquez”, consideró el analista Felipe Martínez.
En lo que calificó como el “Fraude del Siglo”, Martínez explicó que Rivas y sus funcionarios “están en la cuerda floja por una retahíla de presuntos delitos, como el pagar a precios inflados un terreno de 110 mil ncaría el Word Trade Center de Nuevo Laredo, que quedó en eso, en engaños”.
Los tres exfuncionarios públicos, al igual que los representantes legales de la empresa constructora Inmuebles Gran Boulevard, son señalados por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades. De resultar culpables, podrían alcanzar penas corporales de hasta 14 años de prisión, de acuerdo con información que confirmó el gobierno municipal.
“El conflicto de interés es aquella situación en la que el juicio de la persona está indebidamente influenciado por sus intereses particulares, los cuales frecuentemente son de tipo económico o personal, contraponiéndose a los de la institución en la que se desempeña como servidor público, afectando la integridad de sus decisiones y el predominio del interés público”, de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública.