El almirante de la Secretaría de Marina-Armada de México, Marco Antonio Ortega Siu, involucrado en el operativo que derivó en por lo menos 47 desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo, es señalado también por encubrimiento en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.
“Marco Antonio Ortega Siu es el almirante de Fuerzas Especiales que en 2017 convino con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, realizar un operativo en Nuevo Laredo y este operativo que empezó en los meses de enero, febrero y terminó en junio del 2018, ocasionó la detención arbitraria, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de 47 personas”, reveló Raymundo Ramos Vázquez.
Te podría interesar
El presidente del Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo dijo que en aquella ocasión las muertes y desapariciones de personas a manos de marinos fueron condenadas por ONU-DH y otras organizaciones de defensa de Derechos Humanos, lo que obligó al gobierno federal a retirar al personal naval de Nuevo Laredo.
Ramos Vázquez recordó que el 13 de julio de 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación CNDH/39VG/2020 se señaló en el documento la participación y responsabilidad directa de Ortega Siu.
Es por ello, que Ramos Vázquez hará un llamado a familiares de víctimas de desaparecidos por marinos en 2018 para viajar a la Ciudad de México y exigir que Ortega Siu también sea investigado por los casos de Nuevo Laredo, independientemente de los de Ayotzinapa.
“Marco Antonio Ortega Siu tengo conocimiento que ya no pertenece a la Marina, es decir, no es un almirante en activo, es un almirante en retiro, intentó ser Secretario de Seguridad Pública en Puebla con el actual gobernador Patricio Barboza y le negaron ese cargo sus superiores, si en México existen leyes, Marco Antonio Ortega Siu en este momento ya debería estar detenido al igual que el exprocurador General de la República Murillo Karam”, dijo.
Ortega Siu ahora es investigado por su papel en la escena ficticia montada en el basurero de Cocula, donde inicialmente funcionarios afirmaron que los cuerpos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron incinerados por delincuentes en 2014.