NUEVO LAREDO.- Con rabia, impotencia y coraje, así recibieron, familiares de víctimas, la noticia de la liberación de 12 marinos acusados por la FGR de desapariciones forzadas ocurridas en Nuevo Laredo en 2018, beneficiados por un amparo otorgado por el Juez Octavo de Distrito con residencia en el estado de Tamaulipas.
“Otra vez nos enteramos de lo que pasa en nuestros casos a través de los medios de comunicación, pues los asesores jurídicos que tenemos en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no nos informan nada, no nos ayudan en nada”, expresaron Gregoria Hernández Morales y María Natividad Ballesteros Rodríguez, madres de Noe Ignacio Alférez Hernández y Jonatan Ballesteros Loaiza detenidos y desaparecidos por marinos el 2 de febrero del 2018 en la colonia Infonavit de Nuevo Laredo.
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Quienes fueron beneficiados con este amparo son Luis Armando Ruiz Rendón, Alejandra Castillo Rico, Bernabé Apaes Marchante y/o Bernabé Apaez Marchante, Erick Alan Zetina Morales, Narciso Antonio Lara Arceo, Omar Azamar Reyes, Andrés Téllez Gómez, Roberto Gómez García, Ovidio Ordóñez Méndez, Adrián Domínguez Cruz, Alan Michel Álvarez Meléndez y el capitán Alfredo Reyes Mondragón, todos ellos integrantes del grupo de Operaciones Especiales de la Marina, dentro de la causa procesal 305/2021.
Apenas el viernes pasado, familiares de víctimas de desapariciones forzadas sostuvieron una reunión virtual con representantes de la Asesoría Jurídica Federal y Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), convocados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en seguimiento a la recomendación 36VG/2020 para acordar búsquedas de campo en quince puntos referenciales en la región colindante entre los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mismas que iniciaron ayer lunes 8 de noviembre.
“Queremos encontrar a nuestros familiares que siguen desaparecidos a tres años de distancia, queremos justicia y queremos que se castiguen a los marinos responsables de estas desapariciones, ya basta de tanto dolor y de tanto sufrimiento, ya basta de tanta impunidad”, declaró Manuela Trinidad Ramírez madre de Daniel Gerardo García Ramírez, desaparecido por marinos en junto con Marco Antonio Romero Sánchez, el 15 de abril del 2018.
Familiares exigirán renuncias de Fiscal Especial y Agentes del Ministerio Público:
Asesores jurídicos de CEAV, comparsas de la FGR
Para Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo la liberación de 12 marinos imputados por el delito de desaparición forzada de personas no es obra de la casualidad, sino producto de toda una estrategia jurídica que involucra al Almirante Marco Antonio Ortega Siu, ex Jefe de la Unidad de Operaciones Especiales de la Marina, al Fiscal Especial Abel Galván Gallardo, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada y el abogado Julio César Pulido Segura, Director de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
“Estos tres personajes son quienes han tramado una estrategia institucional para deslindar de responsabilidad penal a los marinos involucrados en las desapariciones, especialmente a los mandos medios y altos de la institución, han omitido actos de investigación por espacio de tres años soslayando evidencia sólida y testigos, pero, por el contrario, insistiendo en criminalizar a las víctimas y relacionarlas con grupos delictivos”, explicó.
El presidente del Comité de Derechos Humanos agregó que el fiscal especial de la FGR, Abel Galván Gallardo utiliza a dos agentes del Ministerio Público, Antonio Saucedo Cruz y Lester Bautista Mejía para presionar a las víctimas a caer en contradicciones, hostigar testigos y ocultar evidencias que prueban la participación directa de más de un centenar de marinos en las desapariciones forzadas ocurridas entre febrero y mayo del 2018.
“En la próxima reunión que tengamos con autoridades del Gobierno Federal solicitaremos la renuncia de estos cinco funcionarios tanto de FGR como de CEAV por evidentemente permitir que a tres años de distancia no hay resultados favorables ni en las investigaciones ni en las búsquedas, todo es una simulación para desesperar a las familias y que se cansen”, declaró Ramos.
“Esperemos que este personal de Marina que fue liberado al menos ya no regrese a operaciones navales en el territorio nacional, pues existe el riesgo de que vuelvan a cometer violaciones graves a los derechos humanos como sucedió con el capitán Alfredo Reyes Mondragón, quien después de participar en las desapariciones forzadas de Tamaulipas hizo lo mismo en Guanajuato en 2018”, agregó.
Finalmente el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, organización no gubernamental que acompaña a familiares de víctimas de desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales exhortó al Sub Secretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez y a la Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra a pronunciarse públicamente sobre la decisión del Juez Octavo de Distrito, Faustino Gutiérrez Pérez, para otorgar el amparo que permitió la liberación de 12 marinos.