Abogados de los policías estatales involucrados en la masacre registrada en la colonia Valles de Anáhuac de esta ciudad, ofrecen 123 mil pesos de “indemnización” a los familiares de las personas ejecutadas, siendo rechazado el vergonzoso ofrecimiento hechos por los defensores de los involucrados y autoridades del Gobierno de Tamaulipas.
Lo anterior con argucias legaloides encaminadas a reducir la pena de 50 años de prisión que le corresponde a los asesinos detenidos que muy apenas están siendo procesados por las autoridades judiciales estatales.
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El ofrecimiento se hizo mediante una reunión virtual realizada durante septiembre entre funcionarios del Gobierno de Tamaulipas y los familiares de las víctimas como Severiano Treviño Hernández, Luis Fernando Hernández Viesca, Jenifer Hazael Romero López, Cindy Esmeralda Briseño Chapa, Juana Yetzel García Magaña, José Daniel Saucedo Martínez, Enrique Pérez Chávez y Wilbertt Irrastreto Pérez.
Ante lo ridículo del ofrecimiento, los familiares de las víctimas de la masacre rechazaron el ofrecimiento por calificarlo como un insulto.
Hay que recordar que de las “investigaciones” por estos hechos realizadas por el fiscal especial Adelfo Gabriel González Pérez, con fecha del 5 de noviembre del 2019 solicitó al Juez de Control del Primer Distrito Judicial de la Primera Región, Aldo René Rocha Sánchez, siete órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad en informes dados a una autoridad y allanamiento de morada dentro de la Carpeta Procesal 232/2019.
En un intento por favorecer a los policías estatales y de Inteligencia acusados, el fiscal especial Adelfo Gabriel omitió otros delitos graves como tortura y desaparición forzada, siendo detenidos diez días después solamente dos agentes del Centro de Análisis, Estudios e Información de Tamaulipas (CAIET): José Rafael González Villalpando y Ricardo Guadalupe Mendoza Aguirre e internados en una cárcel del municipio de Tula una vez que se calificó de legal su detención.
Además del ofrecimiento ofensivo de indemnización, los abogados de José Rafael González Villalpando y Ricardo Guadalupe Mendoza Aguirre también propusieron irse a procedimiento abreviado y eventualmente declararse culpables de los delitos que les imputa la fiscalía, pero nuevamente familiares de las víctimas rechazaron su “oferta”.
“Queremos justicia, queremos que los policías estatales paguen con cárcel lo que les hicieron a nuestros familiares”, dijo la mamá de una de las víctimas durante la reunión informativa.
Familiares de las víctimas demandaron además que se solicité la colaboración de la Fiscalía General de la República (FGR) para localizar a otros dos policías prófugos y por quien se ofrece una recompensa de 200 mil pesos a quien proporcione información de su paradero: Edith Esteban Cruz y Francisco Hernandez Carbajal.
Finalmente, las familias exigieron al fiscal especial Adelfo Gabriel González Pérez que transparente el acuerdo que realizó con otros tres policías beneficiados con el criterio de oportunidad para evitar la pena máxima por los delitos imputados, siendo estos Zayra Concepción Guevara Garza, Juan Carlos Vicencio Zuvirie, Azariel Urbina Arguelles, quienes lejos de estar en prisión se encuentran actualmente libres y protegidos por la propia Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.
“En las próximas semanas regresaremos al Senado de la República para pedirles que nos ayuden a que la Fiscalía General de la República (FGR) abra una investigación en contra del Director de Operaciones Especiales de Tamaulipas Félix Arturo Rodríguez Rodríguez por ser el autor intelectual de las ocho ejecuciones extrajudiciales en Valles de Anáhuac”, declaró uno de los abogados que acompañan a familiares de las víctimas.