El feminicidio de Leyla Monserrat, una joven de apenas 15 años en el estado de Sonora, ha conmocionado a la opinión pública mexicana no solo por la brutalidad del acto, sino por el desenlace legal que ha dejado una profunda sensación de injusticia. A pesar de que las responsables del crimen fueron plenamente identificadas y procesadas, la legislación actual en materia de justicia para adolescentes ha permitido que las agresoras eviten la cárcel, encendiendo un debate nacional sobre la efectividad del sistema penal cuando los victimarios son menores de edad.
Penas de las asesinas y la legislación vigente
La razón principal por la cual las responsables del asesinato de Leyla Monserrat no pisarán una prisión convencional radica en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Según el marco legal en México, los menores de edad no son sujetos de "penas" en el sentido estricto, sino de "medidas de sanción" con un enfoque socioeducativo.
En este caso específico, las jóvenes involucradas recibieron las siguientes sentencias: dos años y diez meses de internamiento para la adolescente de 15 años; y once meses de libertad asistida para la menor de 13 años. Además, se fijó un pago mancomunado de 5,657 pesos por concepto de reparación del daño moral.
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El tribunal de justicia ha reiterado que, de acuerdo con los tratados internacionales y la constitución mexicana, no es posible imponer penas privativas de libertad severas a menores, priorizando la reinserción sobre el castigo. Al no haber alcanzado la mayoría de edad al momento del crimen, las agresoras quedan exentas de ser recluidas en centros de readaptación social para adultos, lo que ha generado indignación entre los familiares de la víctima y la sociedad civil.
Padres de las responsables: exentos de condena penal
Otro punto que ha generado controversia es la situación legal de los padres de las agresoras. A pesar de que el entorno familiar es frecuentemente analizado en casos de violencia juvenil, la legislación mexicana establece que la responsabilidad penal es estrictamente individual. Esto significa que los padres no pueden ser procesados ni encarcelados por los delitos cometidos por sus hijos, a menos que se demuestre una participación directa en la ejecución del crimen.
En el caso de Leyla, el papel de los tutores se limitó a la responsabilidad civil, que se traduce únicamente en el pago de una reparación del daño.
Reformar la ley o mantener el enfoque actual
El caso ha puesto sobre la mesa una pregunta urgente: ¿Es momento de reformar la Ley de Justicia para Adolescentes? Quienes exigen cambios argumentan que el sistema actual es rebasado cuando menores de edad cometen delitos de alto impacto, como el asesinato o el secuestro, permitiendo que la impunidad prevalezca. Se sugiere que debería existir una excepción para casos de extrema violencia donde la peligrosidad del individuo supere la presunción de minoría de edad.
Por otro lado, defensores de derechos humanos y juristas sostienen que el enfoque actual protege el desarrollo de los jóvenes. Mantener el enfoque actual significa apostar por una justicia restaurativa, aunque en casos como el de Leyla Monserrat, la restauración parece una meta inalcanzable ante la pérdida irreparable de una vida.
El crimen de Leyla Monserrat
Los detalles del feminicidio revelan una premeditación que estremece. Según las investigaciones, el móvil del crimen fue un conflicto sentimental. Leyla fue citada por quienes consideraba sus amigas bajo engaños; una vez en el lugar, fue golpeada y posteriormente estrangulada.
La frialdad del acto no terminó con el asesinato, ya que las responsables procedieron a ocultar el cuerpo de la joven, dificultando inicialmente las labores de búsqueda de su familia. El hallazgo del cadáver y las confesiones posteriores permitieron reconstruir la escena, evidenciando que hubo un plan estructurado para terminar con su vida y borrar las evidencias.
Esta saña es la que hoy utiliza la sociedad para cuestionar por qué un crimen de tal magnitud es tratado bajo criterios de "rehabilitación" y no bajo la gravedad de un feminicidio.