La sentencia dictada por el asesinato de Leyla Monserrat Lares Becerra, una adolescente de 15 años, reavivó el debate nacional sobre el feminicidio en Sonoyta, los alcances de la justicia para adolescentes en México y los límites legales para sancionar delitos de extrema gravedad cuando las responsables son menores de edad.
El fallo, emitido en marzo de 2026, dejó inconforme a la familia de la víctima y a amplios sectores de la opinión pública.
El feminicidio de Leyla
Leyla fue vista por última vez el 25 de septiembre de 2025, cuando fue reportada como desaparecida en Sonoyta, al norte del estado de Sonora.
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Días después, alrededor del 1 de octubre, su cuerpo fue localizado en un ejido de la zona. Las autoridades confirmaron que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento, lo que llevó a la Fiscalía a investigar el caso bajo el protocolo de feminicidio.
Las indagatorias apuntaron a dos adolescentes, una de 13 y otra de 15 años al momento de los hechos. De acuerdo con la reconstrucción oficial, ambas engañaron a Leyla con el pretexto de una sorpresa o un juego, la inmovilizaron, le cubrieron el rostro y finalmente la privaron de la vida.
El crimen fue grabado en video, material que posteriormente circuló y se convirtió en una de las pruebas centrales del proceso judicial.
Las sentencias finales
El caso fue resuelto en un juzgado oral especializado en Justicia para Adolescentes. El juez Fernando Krimpe Félix dictó sentencia dentro de la causa penal 30/2025.
Para la joven de mayor edad, identificada en reportes como Britany Michel, se impuso una medida de internamiento por dos años y diez meses en un centro especializado. La segunda implicada, Monserrat, recibió once meses de libertad asistida, sanción que ya fue cumplida, por lo que actualmente se encuentra en libertad.
Además de las medidas socioeducativas, el tribunal ordenó una reparación del daño de carácter moral, fijada de manera mancomunada en un monto cercano a los 5 mil 600 pesos. La familia de Leyla ha señalado que esta cantidad resulta insuficiente, ya que ni siquiera cubre la mitad de los gastos funerarios, que superaron los 30 mil pesos, y que no se contempló una compensación material relevante.
Mare de Leyla expresó su indignación
La madre de la víctima, Carmen Angélica Becerra, ha expresado públicamente su indignación. Entre otros reclamos, denunció que no pudo despedirse de su hija porque el féretro fue entregado sellado y cuestionó que, pese a la brutalidad del crimen, las sanciones resultaran tan reducidas.
Sus abogados anunciaron la presentación de un recurso de apelación para buscar la pena máxima permitida y un aumento en la reparación del daño.
¿En qué se basaron para una sentencia tan blanda?
Las resoluciones se explican por el marco legal vigente en México para personas de 12 a menos de 18 años en conflicto con la ley. El Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes prioriza un enfoque socioeducativo, enfocado en la reinserción y el desarrollo integral, y establece límites estrictos al internamiento. Incluso en delitos como el feminicidio, la ley fija topes que no pueden superarse, sin importar la gravedad de los hechos.
Este diseño jurídico, inspirado en estándares internacionales de derechos de la niñez, es el principal motivo por el que las penas contrastan con las que recibiría un adulto por un delito similar. Para muchos sectores, esta diferencia alimenta una sensación de impunidad; para otros, refleja una política pública orientada a evitar que menores sean tratados como criminales adultos.
Aunque la apelación podría revisar la individualización de las sanciones y el monto de la reparación, el máximo de internamiento permitido se mantiene inalterable.