Debido a casos ocurridos en los últimos días, el Congreso de Nuevo León se inclinó a restringir el uso de redes sociales y los menores de 15 años concentraron la discusión central de una iniciativa que fue aprobada por unanimidad y que ahora será enviada a la Cámara de Diputados.
La propuesta busca regular el acceso de niñas, niños y adolescentes a plataformas digitales mediante herramientas de control parental, con el objetivo de supervisar, limitar o bloquear contenidos y servicios considerados de riesgo.
Restricción de redes sociales a menores de edad en Nuevo León
La iniciativa avalada por el Congreso de Nuevo León contempla una reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
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Tras su aprobación en el ámbito local, el proyecto será remitido al Cámara de Diputados para su análisis y eventual aplicación en todo México. De avanzar a nivel federal, la reforma podría ejecutarse de manera general, aunque también se dejó abierta la posibilidad de que sea presentada posteriormente de forma individual en Nuevo León.
El dictamen plantea que los concesionarios de servicios de telecomunicaciones establezcan mecanismos claros y efectivos de control parental.
Estas herramientas permitirían a madres, padres o tutores supervisar el uso de dispositivos y cuentas empleadas por menores de edad, así como regular el acceso a aplicaciones, contenidos, servicios o funciones específicas, incluidas las redes sociales digitales.
Los riesgos para los niños en el entorno digital
De acuerdo con el texto de la reforma, el artículo 3 de la Ley define el control parental como un conjunto de herramientas técnicas diseñadas para supervisar, autorizar, limitar, restringir o bloquear el acceso a plataformas digitales.
Estas medidas estarían dirigidas a proteger a niñas, niños y adolescentes frente a diversos riesgos asociados al entorno digital.
Entre las acciones contempladas se incluye el bloqueo directo del acceso a redes sociales digitales para menores de 15 años, el establecimiento de límites de tiempo de uso de los dispositivos, así como la posibilidad de habilitar o deshabilitar la descarga e instalación de aplicaciones.
También se considera la restricción de compras dentro de las aplicaciones, una práctica cada vez más común en plataformas móviles.
Mecanismos de bloqueo para contenidos de redes sociales
La iniciativa establece además que los concesionarios deberán ofrecer, sin costo adicional, mecanismos de bloqueo de contenidos y aplicaciones, así como sistemas de control parental accesibles para las familias.
El objetivo es que estas herramientas estén disponibles de manera universal, sin representar una carga económica para los usuarios.
Quien promueve la propuesta, Tomás Montoya, diputado de Morena, señaló que las redes sociales pueden ser espacios útiles para el aprendizaje y la comunicación, pero advirtió sobre los riesgos que enfrentan los menores cuando no existe una supervisión adecuada.
El legislador explicó que, sin medidas de control, estas plataformas pueden convertirse en escenarios donde se presentan situaciones como ciberacoso, suplantación de identidad, exposición a contenidos inapropiados o incluso manipulación por parte de personas adultas.
¿Qué busca la iniciativa para proteger a los niños de las redes sociales?
Aclaró que la iniciativa no busca prohibir el acceso a Internet ni afectar la libertad digital, sino establecer condiciones mínimas de protección para menores de 15 años.
Montoya subrayó que la intención es dotar a madres, padres y tutores de herramientas reales y verificables para acompañar a niñas y niños en el uso de plataformas digitales. Con ello, se pretende reducir los riesgos asociados al uso excesivo de dispositivos y a la exposición a contenidos inadecuados.
La discusión de esta iniciativa se da en un contexto de creciente preocupación por el impacto de las redes sociales en la población infantil y adolescente.
De ser aprobada por el Congreso de la Unión, la reforma sentaría las bases para una regulación nacional del acceso digital de menores, con énfasis en la supervisión familiar y la responsabilidad de los concesionarios de servicios de telecomunicaciones.