La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un revés legal a Grupo Xcaret al retirar la suspensión definitiva que le permitía utilizar elementos del patrimonio cultural maya en la promoción de sus hoteles y parques turísticos.
Con esta decisión, el máximo tribunal estableció que la protección del patrimonio cultural indígena tiene mayor peso que los intereses comerciales de una empresa privada, por lo que la compañía deberá retirar dichos elementos de su publicidad y de su sitio web mientras se resuelve el litigio de fondo.
¿Por qué tenía una demanda el grupo Xcaret?
La resolución fue tomada por el Pleno de la SCJN tras un debate de una hora con 43 minutos, y el proyecto fue aprobado con siete votos a favor y dos en contra. El fallo revierte la medida cautelar que había beneficiado a Grupo Xcaret y responde a una controversia iniciada por integrantes del pueblo maya y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).
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Durante la sesión, la ministra María Estela Ríos González, ponente del asunto, sostuvo que si bien es positivo que empresas privadas inviertan en México, ello no les otorga derecho a disponer del patrimonio cultural de los pueblos indígenas ni del patrimonio nacional. Bajo ese argumento, defendió que la protección de estos bienes es un asunto de interés público y social.
¿Qué ministros votaron a favor del grupo Xcaret?
En contraste, la ministra Yasmín Esquivel Mossa votó por mantener la suspensión a favor de la empresa. Argumentó que Grupo Xcaret contaba con un contrato firmado con el Gran Consejo Maya de Quintana Roo (GCM), con vigencia de cinco años y una contraprestación de 15 millones de pesos, lo que a su juicio acreditaba una apariencia de buen derecho. También advirtió que retirar la publicidad tendría un impacto inmediato en la empresa y podría afectar la materia del juicio.
Esquivel Mossa cuestionó además que, tratándose solo de una medida provisional, el Pleno se adelantara a analizar el fondo del conflicto. Incluso comparó el caso con el uso de símbolos culturales en proyectos públicos como el Tren Maya, al señalar que estos también emplean emblemas de la región para promover el turismo.
La ponente rechazó esa comparación y subrayó que no puede equipararse el uso de símbolos culturales por parte de una empresa privada con el de proyectos públicos, ya que en estos últimos se realizaron consultas a comunidades indígenas.
Añadió que el contrato presentado por Xcaret con el GCM no acredita el consentimiento de todo el pueblo maya, conformado por mil 21 comunidades distribuidas en Campeche, Quintana Roo y Yucatán, aunque aclaró que no se cuestiona la legitimidad del Consejo.
¿Qué ministros respaldaron el proyecto?
Otros ministros respaldaron el proyecto. Loretta Ortiz Ahlf reconoció la dificultad del caso y destacó la firmeza de la propuesta, mientras que el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz coincidió en que el contrato de transición no era suficiente para permitir que la empresa lucrara con elementos culturales. Señaló que, conforme al estándar constitucional, el consentimiento debe otorgarse mediante una consulta previa, libre e informada.
¿Con esta decisión termina el litigio entre caret y los grupos mayas?
El ministro Arístides Guerrero García votó en contra y propuso posponer la discusión para escuchar nuevamente a las partes o abrir una consulta pública. Sin embargo, Ríos González recordó que ya se habían otorgado audiencias y que el asunto había sido pospuesto en varias ocasiones durante marzo.
El origen del conflicto se remonta a 2022, cuando el Gran Consejo Maya de Quintana Roo denunció a Grupo Xcaret ante Indautor por el uso indebido de patrimonio cultural. Aunque en agosto de 2023 ambas partes firmaron un acuerdo y el Consejo se desistió, otros integrantes del pueblo maya continuaron con el litigio.
En septiembre de 2024, Indautor ordenó retirar contenidos y, ante el incumplimiento, impuso nuevas medidas y una multa. La empresa obtuvo una suspensión en febrero de 2025, la cual ahora ha sido revocada por la Corte.