SANTO DOMINGO

Crueldad extrema en Coyuca de Catalán: hombre mata a perrito con escopeta | IMÁGENES FUERTES

Lisandro 'N' fue identificado como el presunto responsable de haber matado a sangre fría a un can con un arma de fuego en el estado de Guerrero

El caso generó llamados a autoridades para que se investigue y sancione a los responsables.
El caso generó llamados a autoridades para que se investigue y sancione a los responsables.Créditos: c4jimenez
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Un hombre identificado como Lisandro “N” fue captado en video mientras asesinaba a balazos a un perro con una escopeta en la comunidad de Santo Domingo, en el municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero, en un hecho que se difundió recientemente en redes sociales y que generó indignación entre usuarios y habitantes de la entidad.

El agresor fue identificado como Lisandro "N".

El material audiovisual, que circula ampliamente en plataformas digitales, muestra el momento en que el agresor encañona al animal y dispara, provocándole la muerte de forma violenta, mientras testigos observan la escena, de acuerdo con reportes difundidos.

Video del ataque desata indignación en redes sociales

La gravedad del caso aumentó debido a la participación de una mujer identificada como Joseline “N”, quien presuntamente es pareja del agresor, además de que fue la persona encargada de grabar el ataque, según se observa en el video difundido en redes sociales.

En las imágenes se escucha a la mujer reír y realizar comentarios en tono de burla mientras el animal es atacado, lo que generó una reacción de repudio generalizado entre usuarios, quienes exigieron la intervención de autoridades estatales, así como la aplicación de sanciones conforme a la ley.

Diversas publicaciones y reportes periodísticos señalan que la difusión del video impulsó llamados directos a la gobernadora y a la Fiscalía General del Estado para que el caso no quede impune.

Legislación en Guerrero contempla sanciones por maltrato animal

De acuerdo con el Código Penal para el Estado de Guerrero, este tipo de conductas se encuentran tipificadas dentro del Título Vigésimo Quinto como delitos contra los animales, por lo que pueden ser sancionadas conforme a la legislación vigente.

El artículo 375 establece penas que van de seis meses a cuatro años de prisión, además de multas que oscilan entre 355 y mil 184 Unidades de Medida y Actualización (UMA), en casos donde se acredite el maltrato o sacrificio de un animal sin causa justificada.

Las penas incluyen prisión y multas económicas conforme a la legislación vigente.

La normativa también contempla como delito provocar sufrimiento, miedo o utilizar métodos que prolonguen la agonía del animal, mientras que el uso de armas para causar la muerte de un ejemplar es considerado un acto de brutalidad que vulnera su bienestar.

Denuncia ciudadana es clave en casos de violencia animal

El marco jurídico estatal permite que cualquier persona pueda denunciar este tipo de hechos ante la Fiscalía General del Estado, incluso si no es propietaria del animal afectado, lo que amplía la posibilidad de iniciar procesos legales en casos de violencia.

De acuerdo con lo establecido en la ley, la denuncia formal puede presentarse cuando se considere que los hechos constituyen un delito, además, las autoridades pueden intervenir para investigar y determinar responsabilidades.

Cualquier ciudadano puede presentar una denuncia por maltrato animal ante la Fiscalía.

Asimismo, el juzgador puede ordenar la reparación del daño y el aseguramiento temporal o permanente de otros animales que se encuentren bajo el resguardo del agresor, con el objetivo de garantizar su integridad.

Caso genera presión social para actuación de autoridades

La difusión del caso provocó un amplio rechazo social, además de que usuarios en redes sociales y reportes de medios insistieron en la necesidad de que las autoridades actúen conforme a la ley, con el fin de evitar que este tipo de conductas queden sin sanción.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente sobre detenciones relacionadas con este caso, mientras continúan los llamados a las autoridades estatales para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determinen responsabilidades.