La tarde de este miércoles 11 de febrero un juez determinó imponer prisión preventiva en contra de Gaby “N”, enfermera señalada por el atropellamiento y muerte de un motociclista en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.
La medida cautelar fue dictada tras una audiencia que se prolongó durante aproximadamente tres horas, en ella, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será hasta el próximo 16 de febrero cuando se defina si la imputada es vinculada a proceso.
El caso generó atención pública luego de que la presunta responsable fuera detenida en el estado de Oaxaca, tras más de un mes de búsqueda.
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¿Qué pasó en el caso del motociclista atropellado en Iztapalapa?
De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), los hechos ocurrieron en el cruce de avenida Eje 6 Sur y Periférico Oriente; la víctima, Roberto Hernández, de 52 años, circulaba a bordo de su motocicleta cuando fue impactado por un vehículo.
De acuerdo con los videos que, tras el choque, el automóvil continuó su marcha y arrastró al motociclista por hasta dos kilómetros, lo que provocó su fallecimiento, la conductor no se detuvo en el lugar.
La Fiscalía presentó ante el juez diversos datos de prueba, entre ellos fotografías, videograbaciones y entrevistas, que presuntamente vinculan a Gaby “N” con el hecho.
¿Dónde se escondía Gaby "N"?
Más de un mes después del atropellamiento, agentes de la Policía de Investigación capitalina localizaron a la imputada en el municipio de Ejutla de Crespo, en la región de Valles Centrales de Oaxaca.
La captura se realizó durante la madrugada del 10 de febrero, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca (FGJEO), según el reporte oficial, fue ubicada en el estacionamiento de una gasolinera.
Las indagatorias establecieron que, tras los hechos, la mujer se trasladó fuera de la Ciudad de México.
¿Qué delito enfrenta Gaby ‘N’ y cuál podría ser la pena?
La defensa de la familia Hernández, encabezada por la abogada Jacqueline Silva Álvarez, solicitó que el caso sea considerado como homicidio calificado y pidió una pena que podría ir de 20 a 50 años de prisión.
Por ahora, la prisión preventiva busca garantizar que la imputada no evada la acción de la justicia mientras se desarrolla el proceso penal.
Será en la próxima audiencia cuando el juez determine si existen los elementos suficientes para vincularla a proceso y definir el rumbo legal de un caso que continúa bajo investigación.