VEHÍCULOS EXTRANJEROS

¿Hay forma legal de regularizar ‘autos chocolate’ en 2026?; SSPC emite alerta

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pidió abstenerse de participar en gestorías informales o supuestas asociaciones que ofrecen regularizaciones fuera de la ley

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lanzó una alerta nacional para frenar cualquier intento de regularización de vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos como “autos chocolate”, al reiterar que el decreto extraordinario concluyó de manera definitiva y ya no existe ningún sustento legal para ese trámite.

La dependencia federal pidió a autoridades estatales, municipales y a la ciudadanía abstenerse de promover, facilitar o participar en esquemas “chuecos”, gestorías informales o supuestas asociaciones que ofrecen regularizaciones fuera de la ley, incluso para automóviles que ya fueron adquiridos por particulares.

De acuerdo con la SSPC, con la publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de diciembre de 2025 quedó cerrado el decreto de regularización, sin posibilidad de prórrogas, ampliaciones o procesos pendientes, a partir del 1 de enero de 2026, cualquier trámite bajo ese esquema es considerado ilegal.

El programa, que estuvo vigente desde el 29 de diciembre de 2022, permitió regularizar únicamente vehículos ingresados al país antes del 19 de octubre de 2021; según datos del Registro Público Vehicular (REPUVE), hasta noviembre de 2025 se logró la regularización de 2 millones 987 mil 839 unidades, cifra con la que se dio por cumplido el objetivo del decreto.

Actualmente, la SSPC subrayó que la única vía legal para introducir autos usados al territorio nacional es mediante la importación definitiva, conforme al decreto publicado el 4 de noviembre de 2024 y renovado el 5 de noviembre de 2025, el cual contempla requisitos técnicos, mecánicos y ambientales, además del pago correspondiente de impuestos y aranceles.

Finalmente, la dependencia exhortó a la población a no entregar dinero ni documentos personales a intermediarios que prometen regularizaciones inexistentes, advirtiendo que estas prácticas constituyen fraude y pueden derivar en responsabilidades legales para quienes participen en ellas.