Durante la noche del miércoles 26 de marzo, una pareja indígena fue puesta en prisión junto con sus dos hijos menores, un bebé y un pequeño de 3 años. Los detenidos fueron ingresados a la prisión comunitaria de Chenalhó, una pequeña aldea en la región de los Altos de Chiapas.
El hecho provocó un escándalo entre los habitantes de la región zapatista, por la decisión de las autoridades al seguir las prácticas, basadas en usos y costumbres que violentan los derechos humanos de los niños.
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Denuncia se origina por la tala de un árbol
Todo sucedió a raíz de la venta de un terreno en la que se encontraba un árbol que fue talado, causando que el dueño denunciara a la familia con las autoridades ejidales, quienes detuvieron tanto a los padres como a los menores.
En las redes, el caso se viralizó con un video que muestra al pequeño llorando asustado. Infores declaran que la familia tuvo que usar el piso y que, a pesar de las bajas temperaturas, no contaban con mantas para protegerse o cuando menos, algún alimento caliente.
La pronta difusión del video causó indignación entre los usuarios de las redes, sumándose a los reclamos de las organizaciones civiles y no gubernamentales para la Defensa de Derechos Humanos; condenando la situación y haciendo un llamado de 'no al maltrato infantil'.
Incluso los zapatistas de la región exigieron que se liberara a la familia o al menos, al pequeño de 3 años. Los internautas coincidieron en que el llanto del pequeño era evidencia de maltrato psicológico.
Las autoridades del pueblo ignoran este reclamo, ya que siguen los usos y costumbres de los ejidos y parajes. Cuando existen conflictos, anomalías o faltas a la ley entre los habitantes de la comunidad, la decisión aplica a todos los involucrados, sin considerar que sean menores de edad.
Reynaldo Pérez, quien funge como defensor de Derechos Humanos de esta región en Chiapas, expresó que se salía de toda proporción la decisión, y que debía considerarse hacer la detención a los adultos únicamente.
Otros medios informaron que la familia fue liberada, tras la presión provocada por la difusión del video.
Ausencia de las autoridades estatales y municipales
A pesar de que fue solicitada una declaración al DIF estatal y a la Fiscalía General del Estado, no se ha obtenido una respuesta.
Este evento abre de nuevo la controversia por la ausencia de mecanismos efectivos que permitan garantizar los derechos de los ciudadanos y con mayor énfasis, de los infantes.