Hasta ocho años pueden pasar en prisión quienes comercien con vapeadores en México, de acuerdo con la reforma a la Ley General de Salud que fue aprobada en el Senado de la República.
Con 76 votos a favor, 37 en contra y una abstención, el Pleno avaló el dictamen que establece penas de hasta ocho años de prisión para quienes comercialicen estos productos.
El consumo y posesión personal, una de las preocupaciones de los usuarios y el fragmento más criticado de la iniciativa, finalmente no serán castigados. La reforma a la Ley General de Salud prohíbe la producción, importación, venta y publicidad de cigarrillos electrónicos y vapeadores en todo México.
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La medida respalda la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y se justifica en el “riesgo sanitario” que representan estos productos y su expansión en el mercado negro.
Aunque México prohibió la importación y comercialización de vapeadores y cigarrillos electrónicos en 2022, siguen vendiéndose sin control. Es fácil conseguirlos en línea, puestos informales e incluso en plazas comerciales.
Por ello, para Morena, la reforma aprobada el miércoles es necesaria para evitar que la industria crezca en la clandestinidad y el mercado negro.
La mayoría oficialista defendió la iniciativa para reducir el crecimiento del vapeo entre adolescentes, que son los principales consumidores.
El senador morenista Manuel Huerta señaló que estos aparatos contienen nicotina, metales pesados, compuestos cancerígenos y partículas capaces de dañar el sistema cardiovascular y pulmonar. Según Huerta, la prohibición no es prohibicionista.
“El Estado no invade la vida privada, cumple su obligación de prevenir riesgos y no ser omiso ante un mercado que actúa deliberadamente sobre población vulnerable”, afirmó.