Este municipio enfrenta una creciente situación de inseguridad que ha llevado a Coca-Cola a suspender temporalmente sus operaciones en la región. Los incidentes de extorsión y robos han aumentado en México, afectando incluso a grandes empresas multinacionales. En este contexto, Fomento Económico Mexicano (FEMSA) ha decidido cerrar su centro de distribución de Coca-Cola en Puente de Ixtla para garantizar la seguridad de su personal.
El comunicado
En un comunicado, Coca-Cola FEMSA explicó que la suspensión de actividades en la planta continuará hasta que se mejore la seguridad en la zona. "Reanudaremos nuestras operaciones una vez que las condiciones de seguridad estén garantizadas", indicó la empresa.
Te podría interesar
¿Cuáles fueron las razones?
Este anuncio llega después de que cuatro empleados de FEMSA fueran secuestrados por un grupo criminal en Amacuzac, quienes además robaron la mercancía y trasladaron a las víctimas a otra localidad. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA) de Morelos, Eduardo Medina, confirmó el hecho y expresó su preocupación, subrayando la importancia de las empresas para el empleo local.
Medina también hizo un llamado a Margarita González Saravia, gobernadora electa de Morelos, para que atienda estos temas de seguridad una vez asuma el cargo.
¿Dónde se encuentra esta zona?
Puente de Ixtla, donde se encuentra la planta cerrada temporalmente, es uno de los 36 municipios de Morelos. Ubicado al suroeste del estado, colinda con Guerrero y abarca una superficie de 237.2 kilómetros cuadrados, lo que representa el 4.9% del territorio estatal. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de 2020, la población del municipio es de aproximadamente 40,018 habitantes. Desde 2021, Claudia Mazari Torres, es la presidenta municipal.
La suspensión temporal de actividades en la planta de Coca-Cola en Puente de Ixtla puede tener diversas consecuencias económicas para la región. Principalmente, se prevé una pérdida significativa de empleo para los trabajadores directos e indirectos asociados con la planta, lo que podría reducir el poder adquisitivo local y afectar el comercio y servicios en la zona. Además, la disminución en la actividad económica podría impactar negativamente a proveedores locales y a pequeñas empresas que dependen de la operación de la planta.