El Senado aprobó, en lo general y en lo particular, la llamada supremacía constitucional en medio de una sesión marcada por el caos y entre acusaciones de la oposición.
Con 85 votos a favor y 41 en contra, se aprobó blindar los cambios constitucionales para hacer improcedentes los juicios de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional contra modificaciones o adiciones a la Constitución Política.
La medida también surge como mecanismo para blindar reformas recién aprobadas por la mayoría oficialista en el Congreso de México, como la elección de jueces, que ha recibido al menos dos suspensiones por jueces federales, y otras en el tintero como la eliminación de órganos autónomos, en medio de acusaciones contra el Poder Judicial de ser corrupto y no imparcial.
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Al presentar el dictamen, el senador de Morena, Óscar Cantón Zetina, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, señaló que el fin es precisar que no procederán las acciones de inconstitucionalidad ni las controversias constitucionales contra reformas aprobadas por el Congreso, así como evitar que el juicio de amparo sea utilizado para impugnar estas modificaciones.
Durante la sesión, los senadores se enfrascaron en el debate con posturas contrastantes, donde los legisladores morenistas defendieron la reforma, argumentando que esta medida evitará que el Poder Judicial obstaculice los cambios promovidos por el Legislativo, en consonancia con lo que consideran el mandato popular.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, subrayó desde tribuna que la reforma no atenta contra el derecho de amparo de las personas, sino que busca impedir que este recurso sea utilizado para “dañar al pueblo”. En su intervención, acusó a la oposición de estar alejada del sentir popular y de utilizar el Poder Judicial para detener la transformación democrática del país.