Mientras que en el Senado de la República se encuentra en discusión la nueva Ley General de Población mediante la que se pretende, entre otras cosas, actualizar la Clave Única de Registro de la Población (CURP) al agregarle una fotografía y huellas dactilares, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) no están de acuerdo con ello.
La Red en Defensa por los Derechos Digitales (R3D) advirtió que, en caso de que se apruebe la actualización del documento, podría derivar en "graves riesgos" para los derechos humanos, como la vigilancia masiva del Estado o la exclusión al acceso de servicios públicos.
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La R3D señala que el proyecto es similar a la propuesta de Cédula Única de Identidad Digital que se realizó en 2021. Incluso heredó varias de sus problemáticas, aunque "sin hacerlas explícitas en la redacción", entre las que están las siguientes:
- Ambigüedad en la recolección de datos biométricos: La iniciativa sugiere que dos datos biométricos, por lo menos, sean recabados para la nueva CURP: el rostro de cada persona y sus huellas dactilares. Lo que deja a discreción del Reglamento de la ley que se puedan solicitar más información, como el escaneo de iris.
- Alto riesgo de vulnerabilidad de los datos biométricos: También propone concentrar la información biométrica bajo el cuidado de la Segob. El hecho de que las bases de datos estén centralizadas representa un alto riesgo de vulnerabilidad frente a atacantes informáticos; pues implica un punto único de ataque y su filtración puede tener "consecuencias devastadoras para las personas comprometidas".
- El registro obligatorio abre la puerta a la exclusión: El que sea obligatorio impide que las personas den o no su consentimiento para entregar sus datos biométricos. Lo que abre la posibilidad de exclusión social porque si se solicita CURP con foto para acceder a servicios públicos puede afectar a quienes no cuenten con esta.
- Vigilancia biométrica masiva de la población: Se ampliará la capacidad de vigilancia del Estado, debido a que la Segob tendrá la facultad de compartir la información sin ningún tipo de controles y se pueden usar los datos para monitorear o restringir la libertad de movimiento y asociación; así como la persecución de activistas, periodistas, representantes de la oposición, minorías y más.
- Expansión de las capacidades de vigilancia del gobierno: La Cámara de Diputados aprobó en marzo de este año la creación del Sistema Nacional de Registro e Identidad, el cual se vinculará con la base del Registro Nacional de Población e incluye la transferencia de datos sin control a cualquier dependencia. Así que si el Senado aprueba la iniciativa la Segob expandirá su alcance en el manejo de este tipo de información.
Pone en riesgo también a niños, niñas y adolescentes: La iniciativa pretende registrar a todas las personas, incluidas infancias y adolescentes, porque el artículo 62 permite que la Segob recopile sus datos de forma arbitraria y sin restricciones.