Esta mañana el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, se pronunció sobre el veredicto final hecho en contra del exfiscal de Seguridad Genaro García Luna, y además pidió una explicación a Felipe Calderón por sus relaciones con este personaje.
Durante la conferencia matutina de esta mañana, el jefe del ejecutivo descartó que un proceso penal en contra de cualquier funcionario mexicano, por más alto cargo que tenga, sea un juicio a México.
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“Yo lo que considero es que primero (…) García Luna, inclusive Felipe Calderón, el presidente actual no somos México, somos representantes de un país. México es un pueblo. No equiparar, eso está mal. Si están enjuiciando a un funcionario de México no es un juicio contra México”. Aseguró Andrés Manuel López Obrador.
Tras recordar la estrategia de seguridad del expresidente mexicano Felipe Calderón, quien le declaró la guerra a los cárteles del narcotráfico durante su sexenio, el mandatario federal reprobó tales acciones y pidió una explicación sobre el nombramiento de García Luna en su momento como secretario de Seguridad.
Aquí el fondo del asunto es cuál es la explicación que le vas a dar al pueblo de México sobre el porqué nombraste a García Luna y si sabías o no sabías, y sobre eso, es que queremos información.
Pide que García Luna se vuelva testigo
Luego de la declaración mediática en torno al caso, López Obrador consideró que algo "bueno para México" sería que el ex también ex titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) señale de quién recibía órdenes por parte de los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón.
"Todavía hay la posibilidad de que García Luna se declare como testigo y yo diría, como presidente de México, por el bien del país que ojalá lo haga a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los ex presidentes, tanto a Fox como a Calderón.
Después de 5 semanas en juicio, el exsecretario de Seguridad de México Genaro García Luna fue declarado culpable de narcotráfico este martes en Estados Unidos.
García Luna, de 54 años, enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.