La Corte de Comisionados del condado de Zapata, vecino de Laredo, aprobó por unanimidad una resolución que autoriza al juez del condado, Joe Rathmell, a contratar de inmediato a expertos para investigar los posibles impactos del muro fronterizo y el sistema de boyas propuestos en esa comunidad,
La resolución tuvo el apoyo también de los comisionados de Zapata David R. Moya, Pedro Morales, Jose A. Solis y Roberto C. Garza.
Tricia Cortez, directora ejecutiva del Centro Internacional de Estudios del Rio Grande (RGISC), dijo que los comisionados actuaron con rapidez, autorizando al juez del condado a investigar los impactos de este proyecto federal de infraestructura planificado, tras las conclusiones de un informe del 10 de marzo elaborado por el geomorfólogo fluvial Dr. Mark Tompkins, que muestran que el plan federal propuesto podría provocar inundaciones catastróficas y la destrucción de propiedades a lo largo del Río Grande.
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“Es evidente que este proyecto podría poner en peligro a nuestro condado”, declaró el juez Rathmell posteriormente. “Es imperativo que procedamos a encargar estudios formales para comprender las amenazas en detalle. Hay demasiado en juego como para no hacerlo. Esa es la tarea que me ha encomendado el público y la que cumpliré”.
La resolución autoriza además al juez a presentar un plan al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un plazo de 45 días sobre la postura del condado con respecto al proyecto propuesto por el gobierno federal.
Durante la reunión, los funcionarios del condado declararon que el proyecto del gobierno federal, que no se ha puesto a disposición de los funcionarios de Zapata, "parece entrar en conflicto con el Plan de Visión 2008 para el Condado de Zapata".
Por lo tanto, “el tribunal de comisionados considera que, para proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los residentes del condado de Zapata, así como su infraestructura hídrica vital, es necesario determinar el impacto del sistema propuesto de boyas y cercas metálicas, obteniendo información adicional para determinar el impacto específico que tendrá el sistema propuesto en las riberas del Río Grande del condado de Zapata”, afirma la Resolución.
Se agregó que Zapata tiene “compromisos legales con los donantes para mantener un santuario de aves”.
Elsa Hull, propietaria de un terreno ribereño en San Ygnacio, cuya casa se encuentra junto al Río Grande, expresó su gratitud a los comisionados por la decisión tomada el lunes.
“Estoy muy agradecido de que los sólidos líderes del condado de Zapata se preocupen lo suficiente por nosotros como para encargar un estudio a expertos cualificados que determine el impacto de las inundaciones provocadas por este sistema de barrera fronteriza, de modo que sepan cómo responder para protegernos cuando el río vuelva a desbordarse”, dijo Hull.
“Necesitamos que otros gobiernos locales a lo largo del Río Grande muestren la misma preocupación por sus residentes y realicen estos estudios”, agregó Hull. “Todos compartimos el mismo río, y lo que ocurre río arriba afectará a quienes viven río abajo”.
Hull señaló que, durante la inundación de 2010, cuando el río creció más de 12 metros, "el agua llegó a estar a pocos metros de su casa, y eso que no había ningún muro de contención ni boyas".
Durante la reunión del lunes, Hull presentó a los comisionados mapas que mostraban el trazado propuesto del muro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dentro de la extensa llanura aluvial en la histórica ciudad de San Ygnacio.
Hull también presentó información pública sobre los contratos y los cientos de millones de dólares que el gobierno estadounidense ha otorgado para la construcción del muro y la instalación de las boyas en Zapata.
Criticó la falta de transparencia del gobierno federal por no proporcionar todos los montos de los contratos adjudicados ni los nombres de las empresas, así como por no facilitar a los gobiernos locales ningún diseño ni plan de construcción.
Durante la reunión de los comisionados de Zapata, Martin Castro, director científico de cuencas hidrográficas del Centro Internacional de Estudios del Río Grande (RGISC), presentó al tribunal una descripción general y un resumen del informe Tompkins.