El departamento legal del condado de Webb emitió una declaración respecto a los cargos federales que recibió el Sheriff Martín Cuellar y determinó que la Corte de Comisionados no tiene autoridad para removerlo del puesto.
Cuellar recibió cinco cargos federales por fraude contra el gobierno del condado y por lavado de dinero, salió bajo fianza tras entregarse y se declaró inocente de los cargos en espera de un juicio en una corte de Houston, Texas.
Nathan Bratton, titular de la oficina legal, dijo en una comparecencia ante la Corte de Comisionados que dada la situación actual del sheriff Cuellar era necesario explicar brevemente, para que conste, lo que la ley permite y no permite a la Corte de Comisionados.
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Refirió que, según la ley de Texas, el sheriff es un funcionario electo constitucionalmente; una acusación federal por sí sola no lo destituye de su cargo, no suspende su autoridad ni otorga a la Corte de Comisionados la facultad de supervisar, disciplinar ni administrar la parte correspondiente a la oficina del sheriff.
Resaltó que la autoridad de esta corte de comisionados se limita principalmente a sus responsabilidades presupuestarias y financieras otorgadas por la ley.
“La Corte de Comisionados no puede tomar medidas que interfieran con las obligaciones legales del alguacil ni intentar imponer medidas disciplinarias fuera del procedimiento establecido por la ley”, aclaró.
No obstante, las restricciones impuestas por las autoridades federales limitan actualmente la capacidad del alguacil para aprobar contratos o tomar decisiones finales sobre adquisiciones presupuestarias relacionadas con su departamento. Esto consta en la documentación federal.
Refirió que podrían ocurrir otras acciones legales fuera del control de la Corte de Comisionados. Estas incluyen cualquier procedimiento en un tribunal federal, posibles acciones de la Comisión de Aplicación de la Ley de Texas con respecto a su licencia o procedimientos de deportación interpuestos por individuos bajo la ley de Texas.
Estos procesos son gestionados por otras autoridades y no son iniciados, controlados ni decididos por la Corte de Comisionados.
“En este momento, la responsabilidad de la Corte de Comisionados es cumplir con sus deberes legales, mantenerse dentro de su autoridad legal y evitar acciones que podrían ser vistas como una extralimitación de su función o prejuzgar asuntos que pertenecen a otros foros legales”, señaló.
Sin embargo, si se produjera una vacante en el cargo o en el puesto de sheriff, la Corte de Comisionados se atendría a la ley de Texas.
Según la ley de Texas, en estos casos la Corte de Comisionados cubriría la vacante por mayoría de votos de los miembros presentes, y cualquier persona nombrada debe cumplir con los requisitos legales para el cargo de sheriff.
Ese nombramiento duraría hasta las próximas elecciones generales.