Este jueves el Gobierno de Estados Unidos anunció el cambio de la regla de carga pública, norma que aplica a extranjeros que buscan la residencia legal permanente (LPR o Green Card) y otros beneficios migratorios legales disponibles, propuesta por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
“La regla de carga pública de 2019 no fue consistente con los valores de nuestra nación”, dijo el secretario del DHS, Alejandro Mayorkas, en un comunicado. “Bajo esta regla propuesta, volveremos a la comprensión histórica del término ‘carga pública’ y las personas no serán penalizadas por optar por acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellos”, indicó.
En 2019 el entonces gobierno de Donald Trump cambió la regla de carga pública en el marco de su política migratoria de tolerancia cero.
La regla de Trump entró en vigor el 24 de febrero del 2020, pero a finales de julio de ese año un juez federal de Nueva York la detuvo bajo el argumento de que la política disuadía a los inmigrantes “de buscar hacerse la prueba del covid-19”, situación que podría amenazar los esfuerzos para frenar la propagación del coronavirus.
La norma establecía además que el término 'carga pública' incluye a cualquier extranjero que haya recibido uno o más beneficios públicos por más de 12 meses en total dentro de un período de 36 meses.
El 11 de septiembre del 2020 la Corte de Apelaciones del 2º Circuito “emitió una decisión que permitió al DHS reanudar la implementación de la regla final en todo el país.
La medida modificó las regulaciones del DHS y describió la manera en la que esta dependencia federal determina si una persona solicitando admisión a Estados Unidos o el ajuste de estatus (la tarjeta verde) “es inadmisible”, sea porque se trata, o es probable que en cualquier momento “se convierta en una carga pública”.
El DHS dijo que en breve publicará en el Registro Federal un aviso de propuesta de Reglamentación (NPRM) “que regulará cómo se aplicará el motivo de inadmisibilidad por carga pública”.
El gobierno aseguró que “la nueva norma “brindaría un trato justo y humano a los no ciudadanos que soliciten admisión a Estados Unidos o soliciten la residencia permanente legal desde dentro de Estados Unidos”.
El DHS dijo además que la regla de Trump de 2019 “hizo que muchos no ciudadanos tuvieran miedo de acceder a los beneficios que el Congreso pretendía que tuvieran, incluidos los extranjeros que no están sujetos al motivo de inadmisibilidad de la carga pública, como los niños en hogares de estatus mixto”.
Según la regla propuesta, el DHS propone definir "probabilidad de convertirse en una carga pública en cualquier momento" como "probabilidad de depender principalmente del gobierno para su subsistencia".
El DHS dijo que, de acuerdo con la práctica de larga data de la agencia, “propone considerar” los siguientes beneficios públicos al tomar una determinación de inadmisibilidad de carga pública:
- Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI);
- Asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos bajo el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF);
- Asistencia en efectivo estatal, tribal, territorial y local para el mantenimiento de ingresos; y
- Institucionalización a largo plazo a expensas del gobierno.
Agrega que la norma “propone que no considere los beneficios que no son en efectivo, como los programas de asistencia alimentaria y nutricional, incluido el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el Programa de Seguro Médico para Niños, la mayoría de los beneficios de Medicaid (excepto la institucionalización a largo plazo a cargo del gobierno), los beneficios de vivienda y bonos de transporte.