CIUDAD DE MÉXICO.- La misión más importante de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es vigilar que se ejerzan de manera correcta los recursos públicos federales y prevenir actos de corrupción entre todos los funcionarios que los administran. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad elaboró un análisis de datos de los recursos federales observados a los 32 gobiernos estatales de las cuentas vencidas 2018 y 2019.
Se planteó el objetivo de conocer las razones de por qué hay observaciones que siguen en estatus por recuperar o aclarar y aquellas acciones que vencieron o dieron lugar a un nuevo trámite. Se eligió revisar las anomalías en el dinero federal entregado a cinco entidades: Chiapas, Jalisco, Morelos, Tabasco y Tamaulipas.
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Para concretar ese propósito, se tramitaron más de mil solicitudes de información dirigidas a la ASF y a la Tesorería de la Federación, institución a la que en teoría deben reintegrarse los recursos observados.
De hecho, la gestión de Colmenares cuenta con seis de las 10 solicitudes con mayor dinero observado en el histórico de registros: una de 14,220 millones de pesos por aclarar por parte del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en el 2019, otra de 8 mil 777 millones al gobierno de Tamaulipas en el 2018, y otras cuatro que superan los 7 mil millones de pesos cada una.
El gobierno de Tamaulipas que estuvo a cargo de Francisco Javier García Cabeza de Vaca se caracterizó por la falta de comprobación de recursos federales ante las observaciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Durante su gestión como titular del Ejecutivo de esa entidad, dejó pendientes por comprobar 14 mil 787 millones de pesos de 18 mil 311 millones que le fueron observados, lo que equivale al 80 por ciento del dinero fuera de lugar o mal utilizado.
El órgano fiscalizador encontró anomalías por pagos en exceso a funcionarios, obras públicas de las cuales no se entregaron evidencias documentales y fondos públicos enfocados a la educación, de los cuales se desconoce su destino.
La administración del panista inició en octubre del 2016 y concluyó en septiembre del 2022. Américo Villarreal, actual gobernador del Estado, sucedió a García Cabeza de Vaca en el cargo.
De acuerdo con información dada a conocer por el gobierno entrante, se persigue a 35 servidores públicos de la gestión pasada por un probable desfalco que supera los 500 millones de pesos.
Las anomalías, declaró Villarreal, fueron detectadas desde la entrega-recepción. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) elaboró un análisis sobre las observaciones que realizó la ASF a las cuentas de los gobiernos estatales. Tamaulipas fue uno de los estados con mayores montos observados.
Para el ejercicio del 2018, que fue el segundo año en funciones de García Cabeza de Vaca, su administración concentró la mayor cantidad de dinero con anomalías de todo su sexenio, la cifra superó los 13 mil 323 millones de pesos.
De acuerdo con las auditorías realizadas a recursos federales, ese año el gobierno estatal recibió 17 mil 978 millones de pesos. Es decir, que de 10 pesos que se le transfirieron, en siete hubo observaciones. En una sola acción, la ASF solicitó aclarar el destino de casi 9 mil millones de pesos, de los cuales no encontró rastro al momento de realizar su revisión al ejercicio del dinero.
“Para que el Gobierno del Estado de Tamaulipas aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de 8,777,194,908.17 pesos (ocho mil setecientos setenta y siete millones, ciento noventa y cuatro mil novecientos ocho pesos 17/100 M.N.), por concepto de falta de presentación de la información contractual de proveedores y contratistas (contrato, monto, razón social, RFC, descripción, monto de facturas, cuenta bancaria, y banco) del ejercicio de los recursos de Participaciones Federales 2018, la cual fue requerida mediante los anexos en materia de obra y adquisiciones, impidiéndose la conciliación con la información financiera emitida por la Secretaría de Finanzas del Estado de Tamaulipas”, estableció la Auditoría Superior en el informe 1407-DE-GF correspondiente al 2018.