El año 2022, el último del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, cerró con un subejercicio de 967 millones de pesos (alrededor de 48 millones de dólares) que estaban destinados para Inversión en Obra Pública, pero que no fueron utilizados, de acuerdo con el último reporte financiero publicado esta semana.
Del total de presupuesto para inversión pública, el presupuesto ampliado y modificado fue de 5 mil 320 millones de pesos. Al cierre del 2022, fueron gastados y pagados 4 mil 352 millones.
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Por lo tanto, el subejercicio reportado en el estado financiero de diciembre, fue de 967 millones 614 mil 697 pesos. El dinero para obra pública debería ser usado para obras de beneficio público, como pavimentación, sistemas de almacenamiento y distribución de agua, iluminación o edificios públicos, como hospitales y oficinas.
En contraste, otros gastos, como la nómina, pagos de remuneraciones, premios, beneficios y otros, prácticamente fueron agotados, con sólo 16 millones de subejercicios en servicios personales.
MALGASTO PÚBLICO
De acuerdo con un estudio de la Universidad de Guadalajara, los subejercicios motivan la opacidad y son normalmente resultado de ineficiencia en el uso de los recursos públicos.
“El principal perjuicio del subejercicio y el exceso de disponibilidad de recursos, es que no se aplican a los programas, no se cumplen las acciones y en consecuencia, las metas, es decir, no hay un impacto positivo en la satisfacción de la necesidades prioritarias y estratégicas de la sociedad, entre ellas la educación pública y la ciencia y tecnología, áreas siempre ‘cortas’ en términos de presupuesto.
“Por otra parte, el control político de los poderes legislativos se ve ‘burlado’ mediante la transferencia irregular de los recursos no ejercidos, pues el principio de anualidad obliga a que sólo se revise por los órganos fiscalizadores auxiliares de la Cámara de Diputados o Congresos locales, el año fiscal reportado en la cuenta pública correspondiente”, detalla el reporte Subejercicio presupuestario y disponibilidad de los recursos públicos áreas de opacidad y riesgo.
“Por otra parte, es difícil seguir las huellas del gasto público, mediante auditorías, cuando se aplican los recursos públicos a programas distintos a los presupuestados.
"Tampoco la legislación actual contribuye a transparentarlos o darles seguimiento, mucho menos a que se responsabilice o sancione esta mala práctica, que podemos añadir a los muchos problemas de la gestión financiera de los gobiernos mexicanos”, añade el documento publicado en la gaceta de Universidad en el 2010.