En el Big Bend de Texas, lograron detener la construcción del muro fronterizo dentro del parque nacional. ¿Cómo ocurrió? Hubo presión ciudadana, críticas de residentes, reclamos ambientales y oposición de personas de distintas corrientes políticas. Al final, las autoridades federales cambiaron el plan y optaron por vigilancia digital y drones en lugar de barreras físicas.
Mientras eso ocurre allá, en Laredo comienzan a llegar boyas para instalar un “muro flotante” sobre el río Bravo. La preocupación no es menor: especialistas y autoridades locales han advertido posibles afectaciones al agua, inundaciones y cambios en el cauce del río.
Aquí aparece la pregunta importante: si en Big Bend la presión social logró modificar el proyecto, ¿por qué en Laredo tendría que aceptarse como algo inevitable?
Primer argumento: las decisiones federales también pueden revisarse. Big Bend demuestra que cuando una comunidad se organiza y señala riesgos reales, el gobierno puede retroceder.
Segundo argumento: el río Bravo no es sólo frontera. También es fuente de agua y parte del entorno de miles de familias. Cualquier obra sobre el río merece análisis público serio, no únicamente decisiones tomadas desde oficinas lejanas.
Tercer argumento: seguridad y sentido común no deberían estar peleados. Instalar boyas puede verse como una solución rápida, pero si genera riesgos ambientales o hidráulicos, el costo podría ser mayor que el beneficio.
La lección de Big Bend es sencilla: no toda barrera tiene que construirse sólo porque alguien en Washington lo decidió. A veces, la presión ciudadana sí funciona.
Ojalá en los Laredos también.