EN LOS ÚLTIMOS DÍAS, un sentimiento de sorpresa ha recorrido las calles de Nuevo Laredo, así como el resto del estado y otros lugares del país, tras el anuncio oficial -que más bien es un recordatorio- de que los vehículos regularizados mediante el decreto federal no pueden ser objeto de compraventa. Sin embargo, más allá del asombro inicial, es necesario hacer un ejercicio de memoria y reconocer que esta restricción no es una ocurrencia de último minuto, sino uno de los pilares fundamentales que permitieron la existencia de este programa desde su origen.
En una ciudad que conoce de memoria todos los detalles de la importación vehicular, parece que hemos olvidado que este apoyo nació como una medida de justicia social y no como una licencia para el comercio.
EL DECRETO fue diseñado como un mecanismo para dar seguridad jurídica a las familias que ya poseían un vehículo “chocolate” y no tenían los recursos para una importación definitiva. Desde el primer día, las reglas fueron claras al establecer que el beneficio era personal y enfocado en el patrimonio familiar.
Permitir la comercialización de estas unidades habría desvirtuado el propósito del programa, convirtiendo un apoyo social en una oportunidad de negocio para quienes buscan aprovecharse de esquemas de bajo costo, algo que se quiso evitar precisamente para no inundar el mercado con unidades destinadas al lucro.
Es importante recordar que el costo de esta regularización es significativamente menor al de un trámite de importación ordinario. Ese ahorro sustancial que benefició a miles de neolaredenses vino acompañado de una condición lógica: el auto es para uso particular de quien lo registró.
De no haber existido este candado, se habría fomentado un mercado desleal que afectaría tanto al comercio establecido como a la propia naturaleza de la ayuda, la cual buscaba solucionar un problema de autos que ya eran mayoría en ciudades como la nuestra y no incentivar la llegada de más unidades para su reventa.
EN NUESTRA FRONTERA, donde el automóvil es una herramienta básica para el trabajo y la vida diaria, la regularización cumplió su meta de sacar de la sombra a miles de unidades. El hecho de que hoy se recalque la prohibición de venta es simplemente un recordatorio de que los programas de gobierno tienen reglas de operación que deben respetarse para evitar el mal uso de los recursos públicos.
Al final del día, el beneficio sigue ahí: las familias tienen la tranquilidad de circular legalmente y los recursos obtenidos se están invirtiendo en mejorar el pavimento de nuestra ciudad.
Debemos entender que esta medida no busca limitar el patrimonio del ciudadano, sino proteger la integridad de un programa que fue creado para ayudar a los sectores más necesitados. La congruencia entre lo que se estableció desde un principio y lo que hoy se aplica es vital para mantener el orden en una comunidad tan dinámica como Nuevo Laredo.
Quien aprovechó el decreto lo hizo para asegurar su medio de transporte, y bajo esa premisa, el programa sigue siendo un éxito rotundo para la estabilidad y la legalidad de nuestra frontera.