El anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum importa menos por el término elegido y más por lo que representa. Cuando se habla de extraer gas por “medios no convencionales”, el rodeo semántico apenas disimula lo evidente, se trata de fracking, la técnica de fractura hidráulica que durante años fue rechazada en el debate público y que hoy regresa envuelta en un lenguaje distinto, como si el cambio de palabras pudiera suavizar la magnitud de la decisión. Conviene precisar algo fundamental, lo convencional y lo no convencional describen el tipo de yacimiento. En los campos convencionales el gas fluye con relativa facilidad y la fractura hidráulica puede ser auxiliar, en los no convencionales, como el shale, el fracking resulta indispensable. Ese es el verdadero fondo técnico de la discusión.
El gobierno federal presentó una estrategia para fortalecer la soberanía energética apoyada en tres palancas, eficiencia, renovables y explotación de reservas de gas natural, al mismo tiempo, la propia presidenta abrió la puerta a técnicas que reduzcan el daño ambiental y encargó a un comité técnico evaluar opciones para ese desarrollo. En los hechos, el debate dejó de ser si México entrará o no al gas no convencional. El debate serio ahora es bajo qué reglas, con qué costos, con qué transparencia y con qué límite climático y territorial.
La razón del viraje es brutalmente simple. México consume alrededor de 9 mil millones de pies cúbicos diarios de gas y está importando cerca de 6.8 mil millones, sobre todo desde Estados Unidos. Cerca de tres cuartas partes del gas que mueve al país viene de afuera. Esa dependencia representa una vulnerabilidad estructural, porque el gas es la columna vertebral de la electricidad mexicana, de una parte importante de la industria y de la competitividad manufacturera. Cuando falta gas o sube de precio, el problema deja de ser energético y se vuelve fiscal, industrial y social.
Por eso la palabra soberanía reaparece con tanta fuerza. Una lectura mas profunda revela que el sistema mexicano quedó amarrado a una dependencia externa de altísima sensibilidad. La CFE lo ha dicho en sus propios reportes financieros, en el primer trimestre de 2025 el precio medio del gas natural mostró incrementos considerables. Es decir, la electricidad mexicana ya vive el costo de esa exposición. La soberanía, vista desde esta óptica, es una forma de nombrar el riesgo de que la seguridad eléctrica del país dependa de la abundancia, del precio y de la estabilidad logística del shale texano.
El problema es que la solución elegida también carga una factura severa. La literatura científica y los organismos técnicos llevan años señalando que la fractura hidráulica puede afectar recursos de agua potable bajo ciertas condiciones, y que la sismicidad inducida se asocia sobre todo a la inyección profunda de aguas residuales derivadas de esta actividad. A eso se suma un punto que a menudo se minimiza en el debate mexicano, el metano. La cadena del gas natural puede perder metano en producción, procesamiento y transporte, y ese gas tiene un poder de calentamiento muy superior al del dióxido de carbono en horizontes cortos. Dicho de otro modo, el gas puede ser menos sucio que el combustóleo en combustión, pero está lejos de ser limpio, y una mala gestión de fugas puede desmontar parte de su ventaja climática.
Aquí aparece la primera gran contradicción de fondo. El mismo Estado que presenta al gas como instrumento de soberanía y a las renovables como parte del futuro eléctrico, al mismo tiempo sigue ampliando infraestructura que depende de ese combustible. La CFE aprobó en 2025 nuevas centrales de ciclo combinado a gas y proyectó una expansión importante de capacidad en el sexenio, mientras la estrategia oficial de 2026 planteó elevar la participación renovable en generación eléctrica a 38 por ciento hacia 2030. México quiere transitar, pero su transición seguirá descansando por varios años en más gas, no en menos. La cuestión ya no es si el gas será combustible puente, sino cuántas veces se cruzará ese puente antes de admitir que también puede volverse una trampa de dependencia tecnológica, financiera y climática.
La segunda contradicción es económica. Importar gas de Estados Unidos ha sido, en términos de caja inmediata, mucho más barato y más simple que construir una industria mexicana de shale desde cero. Las exportaciones por ducto desde ese país hacia México han alcanzado máximos históricos en los últimos años, lo que explica por qué México se acostumbró a comprar en vez de perforar. Pero los costos bajos del gas estadounidense dejan intacta la cuestión estratégica, solo la aplazan mientras el mercado coopere. En cuanto el precio sube, la infraestructura falla o la geopolítica se tensa, la ventaja aparente revela su fragilidad. Lo barato, en energía, a veces resulta apenas una renta temporal sostenida por condiciones externas que un país no controla.
La tercera contradicción es política. Durante años, el fracking fue retratado como emblema de depredación ambiental y de la vieja ortodoxia fósil. Hoy regresa desde la aritmética del sistema, ello obliga a una honestidad que hasta ahora ha faltado. Si el gobierno considera que el gas no convencional es indispensable, debe decirlo con mapas, metas, costos, riesgos, huella hídrica, plan de metano, régimen de tratamiento de agua, responsabilidades de remediación, esquema de consulta territorial y evaluación independiente, aunque sé que no es un tema para la mañanera, si debería ser una exigencia desde la sociedad civil. Porque el problema del fracking trasciende lo técnico, es también institucional. Un país con debilidades regulatorias, conflictos territoriales, estrés hídrico regional y una empresa estatal financieramente presionada necesita algo mucho más exigente que una promesa de nuevas tecnologías.
Además, la escala importa, alcanzar una autosuficiencia sustantiva en gas requeriría miles de pozos y decenas de miles de millones de dólares en inversión. Al mismo tiempo, Pemex llega a esta nueva etapa con restricciones financieras, rezagos operativos y una agenda simultánea de exploración, producción, refinación, petroquímica y sostenibilidad. El riesgo es evidente, México podría abrir un frente de altísima complejidad técnica y política sin haber resuelto todavía los cuellos de botella de ejecución, vigilancia y financiamiento que arrastra en otras áreas del sector. Allí radica una diferencia crucial entre tener recurso y tener proyecto. Lo primero pertenece a la geología mientras lo segundo exige Estado.
La reflexión de fondo es incómoda pero necesaria. México está pagando el precio de haber construido durante años un sistema eléctrico, industrial y logístico altamente gasificado sin haber asegurado al mismo tiempo una estrategia robusta de producción interna, almacenamiento suficiente, diversificación tecnológica y control estricto de metano. El fracking aparece hoy como remedio porque la dependencia se dejó crecer hasta convertirse en condición de funcionamiento. Esa es la verdadera historia detrás del anuncio, el país se mueve hacia el gas shale porque el diseño energético previo lo fue empujando a una esquina y ahora contra las cuerdas.
Esta es una parte del debate necesario. La otra, igual de urgente, pasa por el corazón de Pemex, cómo rescatarla, en qué invertir, qué hacer con sus refinerías y con su modelo de negocio. Sin profundizar, una lectura rápida podría sugerir que lo más racional sería concentrar recursos en extracción, sobre todo cuando las refinerías han mostrado fallas, sobrecostos y limitaciones operativas. Esa conclusión aparente resulta tentadora en un análisis superficial. Sin embargo, esa discusión abre un frente distinto, complejo y decisivo, que merece su propio espacio, su propio rigor y su propio debate. En fin México se viste de Frack no por elegancia, sino por necesidad a pesar de su costo, en esta ocasión el novio acude elegante a la boda, no por gusto, sino porque la novia y sus circunstancias, lo obligan.
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