Durante abril y mayo del año 2011 el descubrimiento de las fosas en San Fernando, Tamaulipas, donde aparecieron cerca de 200 cuerpos de personas presuntamente migrantes, nos mantuvo en vilo por lo irreal de la situación. Día a día se sumaban fosas nuevas y un mayor número de cuerpos encontrados. Si durante agosto del año previo el asesinato de 72 personas migrantes fue atroz, este nuevo hallazgo sobrepasaba lo imaginable.
Con el paso de los días se supo que hubo algunos reportes de desapariciones desde el mes de marzo, denuncias interpuestas por familiares ante autoridades competentes, pero simplemente no se les dio seguimiento.
Tuvieron que pasar seis años más hasta que se creó el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en el marco de la discusión y aprobación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, en 2017. Antes de eso los esfuerzos de las familias y algunos grupos de la sociedad civil fue la única posibilidad real de iniciar la búsqueda de quienes desaparecieron.
A casi diez años de la publicación de esa Ley, aún no es posible encontrar consenso y credibilidad en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La semana pasada el que el gobierno mexicano rechazara el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas sorprendió a propios y extraños.
Pareciera que el gobierno de la presidenta Sheinbaum no valida el esfuerzo y trabajo de búsqueda de familias y organizaciones que por años han hecho el trabajo de las autoridades. Sin embargo, creo que el tema es más complejo por los elementos técnicos que implica y la sensibilidad que el tema requiere.
Hoy día en México se pueden encontrar más de un reporte de personas desaparecidas, elaborado por distintas organizaciones con diferentes esfuerzos metodológicos. Sin embargo, persiste la desconfianza y no haya acuerdo sobre el número real de personas desaparecidas en México.
Sólo como ejemplo, la Asociación de Familias de Migrantes Desaparecidos de Honduras (https://www.csem.org.br/wp-content/uploads/2022/03/Migrantes-Hondurenos-desaparecidos-e-sus-familiares.pdf), por ejemplo, reporta que hasta el año 2020 había 785 casos de migrantes desaparecidos en todo México. Tamaulipas ha sido, desde mitad de la década pasada, una ruta tradicional para la migración hondureña en ruta hacia Estados Unidos y fue precisamente en las dos masacres de San Fernando de agosto de 2010 y abril de 2011 donde se localizaron un buen número de personas originarias de ese país. Por su parte los registros de la base nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, sobre casos suscitados en esta entidad, arroja que aquí en Tamaulipas se tiene un registro de 13 mil 719 extranjeros desaparecidos y no localizados, de los cuales 697 son registros de personas hondureñas.