LA RECOMENDACIÓN del comité comunitario del Distrito Escolar Independiente Unido (UISD) de cerrar no dos, sino cinco escuelas primarias, es un síntoma alarmante de una realidad demográfica y económica que ya no se puede ignorar. Pasar de 44 mil a menos de 40 mil estudiantes en apenas tres años no es una fluctuación menor; es una fuga de talento y recursos que pone al sistema contra la pared.
La decisión de incluir a los planteles Finley, Henry Cuellar y Kennedy Zapata junto a las inicialmente previstas Matías de Llano y Amparo Gutiérrez, refleja una postura pragmática, aunque dolorosa. Mantener infraestructuras semi vacías es un lujo que el presupuesto actual, golpeado por la baja matriculación, simplemente no puede costear sin sacrificar la calidad educativa general.
Sin embargo, el cierre de una escuela nunca es solo una transacción financiera. Las escuelas son el corazón de sus barrios. Para las familias de estos cinco planteles, la recomendación de este comité -integrado por figuras de peso como el exsuperintendente Bobby Santos- representa una ruptura en su logística diaria y en el sentido de pertenencia de sus hijos.
El superintendente Gerardo Cruz y la Mesa Directiva enfrentan ahora una prueba de fuego. El reto no es sólo votar a favor de la supervivencia financiera del distrito, sino presentar un plan de transición humano y eficiente. La eficiencia operativa es necesaria, pero no debe ejecutarse a costa del abandono de los sectores más vulnerables de la comunidad escolar.
Si el futuro de UISD depende de estos cierres, la transparencia en el uso de los ahorros generados será la única forma de recuperar la confianza de una comunidad que hoy ve cómo las puertas de sus escuelas primarias están a punto de cerrarse.