El abasto de agua en las ciudades no es igual ni físicamente (infraestructura) ni en cantidad y calidad. Me refiero al contexto mexicano. En teoría, no debería ser así. Siempre hay grupos sociales que más padecen por el acceso al servicio de agua potable; sobre todo, las poblaciones que viven en las periferias de las ciudades en asentamientos irregulares que carecen de servicios públicos. En esas condiciones, las mujeres y los niños/niñas son quienes más sufren ante la falta de agua. Esto es, el agua no necesariamente fluye (o fluye muy poco) para grupos como estos.
Desde 2012 se reconoce en la Constitución Mexicana el Derecho Humano al Agua, no obstante, tal derecho queda trastocado para ese tipo de poblaciones. Al no contar con una seguridad de su propiedad -esta es la excusa-, por lo general no se les provee de la infraestructura y de servicios públicos como el de agua potable.
Una estrategia de política pública que se sigue en las ciudades es el abasto de la población de estos asentamientos a través de las denominadas pipas. En el caso de Nuevo Laredo, este sistema es gratuito. Hace tiempo hice un trabajo de investigación en esta ciudad y encontraba que con dicho reparto la población de asentamientos irregulares tenía acceso a 70 litros por persona por día (es una cantidad mínima comparada con los consumos en la ciudad en temporada de calor y que pueden llegar a 450-500 litros por habitante por día). Si bien está dentro de lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda (entre 50 y 100 litros por habitante por día) para que las personas puedan satisfacer sus necesidades básicas.
En dicha ocasión, documentaba que son las mujeres quienes por lo regular se encargan del manejo y uso del agua que se les abastece mediante las pipas: están al pendiente del reparto; son quienes usan el agua para las diversas tareas de limpieza del hogar y preparación de los alimentos, o para aseo personal de niñas y niños; ellas demandan el agua ante las autoridades cuando se les termina; son ellas quienes la racionan para que les alcance; son las que acarrean el agua de una llave pública o de algún tanque comunitario cuando hay en la colonia, etcétera, etcétera.
Son las mujeres las que sufren más, junto con las niñas y niños, ante la carencia económica para la compra de agua embotellada porque no es confiable tomar el agua que almacenan en los diversos recipientes en donde se les abastece. Si no hay dinero para comprar agua “purificada” hay que hervirla para consumirla. En fin, es parte de lo que se vive en el entorno familiar de los hogares de los asentamientos irregulares que carecen de infraestructura y servicio regular de agua potable. Así, ante la falta de agua se profundiza la desigualdad en estas poblaciones.
Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló en favor de la población de un asentamiento irregular, Los Kilómetros, en Ciudad Juárez, reconociendo el derecho humano que tienen las personas de contar con una cantidad mínima vital de agua para satisfacer sus necesidades básicas, independientemente de la condición de irregularidad de sus propiedades.
Esto debe ser un precedente para que todas las personas que viven en esas condiciones disfruten del acceso a agua potable para satisfacer sus necesidades básicas y que ya no sea la excusa el de no contar con un título de propiedad para que se les niegue el derecho a contar con agua potable, acentuando las desigualdades del acceso a ese bien indispensable para el desarrollo de las personas.
Debe ser un referente para que las autoridades implementan políticas públicas de acceso a infraestructura y agua en cantidad y calidad suficientes para que las personas disfruten del derecho humano al agua.