EL RECIENTE RECHAZO de la Corte Suprema de los Estados Unidos para revisar la demanda de Priscilla Villarreal, conocida popularmente como “La Gordiloca”, pone punto final a una batalla legal que inició en 2017.
El caso escaló hasta las más altas esferas judiciales, se originó cuando Villarreal fue arrestada en Laredo bajo una ley de Texas que criminalizaba el acto de solicitar información no pública a funcionarios para obtener un “beneficio personal”.
En su momento, el “delito” de Villarreal fue confirmar con la policía las identidades de víctimas en un accidente y un suicidio para publicarlas en sus reportes de Facebook, y aquí es usted quien decide si estábien o mal revelar esa clase de información antes de que los familiares sean notificados o que se emita de manera oficial al público.
En este tenor es necesario separar la figura de Villarreal de los medios de comunicación establecidos, pues por diversas cuestiones, entre éstas, legales; las casas editoriales profesionales tenemos que operar bajo rigurosos protocolos de verificación, códigos de ética y robustas estructuras corporativas, mientras que la labor de Villarreal de alguna manera se define más por la informalidad y la inmediatez del “periodismo ciudadano” en redes sociales.
Sin embargo, a pesar de estas diferencias de fondo y forma, el caso adquirió una notoriedad internacional de tal magnitud que cadenas como NBC News, The New York Times y diversas organizaciones de defensa de la Primera Enmienda en Estados Unidos lo siguieron de cerca, argumentando que lo que estaba en juego no era la personalidad de la mujer, sino el derecho universal a buscar información.
En el fondo del asunto sin duda trasciende el estilo un tanto estridente de “La Gordiloca”. Al negarse a intervenir, la Suprema Corte dejó intacta la inmunidad calificada de los funcionarios y policías de Laredo que ejecutaron el arresto, a pesar de que la ley utilizada para detenerla fue declarada inconstitucional poco tiempo después.
Con lo anterior, el fallo termina por ignorar la advertencia de la jueza Sonia Sotomayor, quien junto a las juezas Kagan y Jackson, calificó la decisión de no revisar el caso como un “grave error”.
Pues para Sotomayor, permitir que un arresto por “represalia” quede sin consecuencias es una violación directa a la Constitución, un dardo que, de rebote, apunta a cualquier reportero -profesional o independiente- que busque la verdad fuera de los comunicados de prensa oficiales.
El panorama para Villarreal se ha ensombrecido aún más en los últimos días, pues de manera independiente a su derrota en la Corte Suprema, fuentes locales reportaron que se le ha notificado un proceso legal por cargos de asalto agravado con arma mortal. Si bien este nuevo conflicto es ajeno a su lucha por la libertad de expresión o de informar, añade una capa de complejidad a una figura que siempre ha caminado por la línea entre la vigilancia ciudadana y la controversia legal.
En conclusión, aunque algunos de perfil conservador puedan cuestionar la ética o el rigor de “La Gordiloca”, no se puede ignorar que su derrota en los tribunales puede representar un retroceso para la transparencia.
Y es que, si el Estado puede encarcelar a un ciudadano por hacer una pregunta incómoda y luego quedar protegido por la ley, la libertad de prensa de los medios establecidos también puede quedar bajo una preocupante sombra de advertencia, pues al final del día, el derecho a preguntar es el único muro que protege a la sociedad del abuso de poder.
Y esto ocurre en el marco de que la administración Trump ha emprendido acciones legales contra periodistas reconocidos en Estados Unidos.