Mire usted, amable lectora o lector: en el Congreso de Tamaulipas se presentó una iniciativa que, en el papel, suena como bastante buena, necesaria. Dicen que van a proteger a niñas, niños y adolescentes del infame ciberacoso, ese monstruo moderno que se esconde en la pantalla de un celular.
Y uno dice: qué bueno, caray. Porque sí, el internet puede ser una selva sin guardabosques. Pero luego uno lee la letra chiquita… y ahí es donde empieza el escalofrío.
La propuesta introduce el artículo 207-Decies, que define el delito de ciberacoso como cuando alguien, “de manera reiterada y a través de medios digitales”, hostigue, intimide, amenace, humille o difunda contenido denigrante que vulnere la dignidad o estabilidad emocional de otra persona. La pena: de uno a cuatro años de prisión y multa considerable.
Hasta ahí, suena razonable.
El problema es que el párrafo es tan abierto, tan elástico, tan “cabe todo”, que uno se pregunta: ¿Quién decide qué es humillar? ¿Quién define qué es contenido denigrante? ¿En qué momento una crítica se vuelve delito?
Porque en este país, se han visto casos de abusos bajo el pretexto de poner “orden”. Una ley mal amarrada puede terminar siendo una herramienta no contra el acosador… sino contra el incómodo.
Hoy es para proteger infantes, mañana podría ser para callar periodistas, ciudadanos, opositores o cualquier voz que publique algo que “vulnere la estabilidad emocional” de un funcionario susceptible.
Y hay que aclararlo: nadie está defendiendo a los agresores digitales. El ciberacoso existe y es brutal. Pero legislar con conceptos tan amplios es como darle un machete a alguien que puede terminar cortando libertades.
La misma iniciativa dice que busca fortalecer un marco integral, prevenir riesgos y proteger derechos en la era digital. Eso está en su exposición de motivos.
Perfecto.
Pero la protección no puede convertirse en censura con uniforme legal.
¿Usted qué opina?