Como usted sabrá, a partir de este viernes pasado, es obligatorio registrar sus datos personales -personalísimos- para poder seguir usando su teléfono celular.
Quienes no lo hagan antes de la fecha límite se arriesgan a perder su línea y, con ello, el acceso a todas las cuentas vinculadas: aplicaciones comerciales, bancarias o de servicios.
Habrá que entregar datos como la CURP, datos biométricos y permitir el acceso a información que, en manos de terceros, podría servir hasta para saber si usted está en el sanitario de un centro comercial… o en casa de la vecina, en tiempo real, y sin autorización de un juez que justifique el motivo legal.
¿Por qué tenemos que dar nuestros datos?, se preguntará usted.
Según la explicación oficial, ahora sí -ahora sí- las autoridades (i!)responsables se pondrán a combatir a los extorsionadores y defraudadores que usan teléfonos para cometer delitos.
Imagine usted la enorme preocupación de los pobrecitos extorsionadores:
“Chin, ahora sí nos fregamos, tendremos que registrar nuestros teléfonos para seguir extorsionando”.
¿De verdad cree usted que se detendrán por eso?
Lo que harán es lo más sencillo: asaltar para robar teléfonos y luego usarlos para delinquir.
Los que sí tendremos problemas seremos, como siempre, las víctimas del robo de celulares, porque no faltará quien nos haga parecer cómplices hasta que probemos lo contrario.
Imagínese: le roban el celular.
¿Dejará de ir por su hijo a la escuela para ir a denunciar al ministerio público el robo de su celular?
¿Faltará a su trabajo si en su trayecto es víctima de los delincuentes?
¿Le dirá a su jefe que debe ausentarse porque va a denunciar su teléfono robado, o que no podrá ir el lunes porque el fin de semana fue víctima?
Para que lo atiendan y le levanten el acta será un suplicio. Recuperar la línea, otra pérdida de tiempo. Mientras tanto, seremos culpables, y además incomunicados.
Peor aún, ¿Sabe usted dónde están muchos de esos extorsionadores?
Encerrados. En las mismas cárceles donde supuestamente están vigilados y “rehabilitándose”.
Ahí los tienen: encerrados y delinquiendo. Y ni así pueden castigarlos.
Entonces, ¿para quién será el castigo?
¿Será que la verdadera razón es el control de todos nosotros, a través de nuestros propios aparatos, por parte de las autoridades?
Otro riesgo es la pérdida de datos. Ya hay experiencia suficiente: las bases de datos del gobierno con frecuencia son hackeadas o vendidas por funcionarios corruptos, y luego terminan en el mercado negro. Cuántas llamadas no recibimos en la que ya saben nuestro nombre, domicilio, y hasta número de seguro social.
El gobierno es muy malo para salvaguardar datos. Y peor para combatir extorsionadores.
Lo que aparenta ser algo bueno tiene riesgos graves.
¿O usted cree lo contrario?
Usted, ¿qué opina?