En Tamaulipas un diputado un día amaneció con una idea brillante que presentó ante el Congreso esta semana pasada: castigar los agravios en internet. Sí, como si el Código Penal fuera a salvarnos del Twitter tóxico o del WhatsApp familiar.
La propuesta suena bien, casi poética: proteger el honor, la reputación, la credibilidad y el principio de inocencia de todos. Pero hay un pequeño detalle: ese que nunca falta en la letra chiquita. ¿Quién define qué es “agravio” y qué es “libertad de expresión”?
Porque, si aplicáramos esta ley al pie de la letra, más de la mitad del país estaría en la cárcel por “manifestaciones ofensivas”. Y la otra mitad, en trabajos comunitarios por haberle dado “me gusta” al meme equivocado.
Si alguien ha generado violencia verbal, son nuestros políticos. Sólo falta prender el noticiero para escuchar los insultos de los diputados y senadores, unos contra otros.
El problema no es la intención, sino el uso. En un país donde las leyes a veces se aplican como espejo, sólo para reflejar lo que conviene al poderoso, esta iniciativa huele más a escudo político que a defensa ciudadana. Una ley para las pieles sensibles del poder, no para los corazones lastimados de la gente común.
Ya vimos lo que pasó en el caso de Dato Protegido, aquel episodio en que el pretexto de la “violencia de género” terminó usado por políticos para callar a quienes los criticaban. De proteger a las víctimas, pasamos a proteger a los victimarios con fuero.
Y mientras discutimos si un insulto digital debe ser delito o desahogo, hay cosas más graves: la inseguridad, la pobreza, los hospitales sin medicinas, los jueces sin juzgados y los políticos sin vergüenza.
La libertad de expresión no siempre es bonita, ni amable, ni justa. Pero es necesaria. Nadie está obligado a leer lo que no quiere. Nadie debería temer decir lo que piensa.
En un país donde cada quien ya trae su propia hoguera encendida, pretender apagarla con una multa suena ingenuo. O peor: autoritario.
Dejen que la gente consuma lo que quiera, incluso si es desagradable. Es su derecho. Lo demás, como siempre, debería ser trabajo de la conciencia, no del Código Penal.
¿Usted qué opina?