Cuatro días antes de que entrara en vigor la ley SB4, firmada por el gobernador Greg Abbott en Texas en diciembre pasado, un juez federal detuvo su implementación. Esta ley –con tintes antiinmigrantes– que se haría efectiva el 5 de marzo, fue impugnada por organizaciones sociales de derechos civiles, por el gobierno federal y por el Condado de El Paso bajo argumentos de violación del derecho al debido proceso de las personas detenidas al ingresar de forma no autorizada a Estados Unidos y por traslaparse con atribuciones federales de control migratorio.
La ley SB4, además de criminalizar la entrada y estancia no autorizada de personas en Texas, al convertirlas en delito penal en el estado, pretende dar inmunidad a distintas autoridades en la detención de personas y daría atribuciones al gobierno de Texas para financiar y construir un muro fronterizo en su frontera sur.
En realidad, la propuesta original del gobierno texano incluía no solo esta ley sino dos más, las propuestas de ley HB7 y HB800. Esta última relacionada con el aumento en las condenas en casos de contrabando humano y tráfico de personas migrantes, y participación en otras tareas asociadas al mantenimiento de casas de seguridad donde se les esconde temporalmente.
Si bien es cierto que la Ley SB4 genera preocupación por las implicaciones para las personas migrantes y potenciales solicitantes de refugio detenidos en Texas, también es verdad que la penalización actual –antes de la iniciativa HB800– al contrabando y tráfico de personas es tal que los grupos criminales aprovechan los recovecos de la ley para evadir el castigo.
En semanas pasadas, sólo en el área de Laredo, Texas, se detuvo en flagrancia a siete personas menores de edad por transportar a personas inmigrantes no autorizados para entrar a Estados Unidos (https://elmanana.com.mx/laredo-texas/2024/3/2/departamento-de-seguridad-publica-de-texas-captura-traficantes-de-migrantes-119042.html). El hecho es particular, como narra la prensa, por tratarse de siete adolescentes y solo dos adultos, y porque es difícil no preguntarse si se trata de una casualidad. Probablemente no lo sea.
Aunque la oficina de Customs and Border Protection (CBP) es la agencia encargada de atender este tipo de problemáticas y el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) es la entidad ejecutora de las investigaciones sobre contrabando humano de migrantes, es en el sistema judicial donde se castiga a las personas responsables del delito. En ese ámbito existe el sistema judicial juvenil que, independientemente de que cada estado de la Unión Americana defina la edad mínima para que una persona sea juzgada como adulta, establece además razones atenuantes para juzgar delitos de personas menores de edad. Evidentemente, esta situación es un escenario que da margen a quienes usan a adolescentes para realizar actividades de tráfico de migrantes.
El contexto político que vivirá la sociedad estadounidense en los meses siguientes, hasta las elecciones federales de noviembre próximo, traerá a debate muchos temas asociados a la problemática migratoria. Será necesario leer y analizar con cuidado todas las ideas, propuestas o posturas que se emitan porque, dadas las opiniones y con los resultados de la elección, ello nos puede dar una idea sobre el futuro de iniciativas y leyes como la SB4, HB7 y HB800 en Texas, y sus similares en otros estados de ese país, y el futuro de la política migratoria a nivel federal y en cada entidad. El riesgo de mayor criminalización de la migración y las personas migrantes es alto.