Si algo nos quedó claro en Tamaulipas es que regalar notarías no es solo una práctica cuestionable, sino un auténtico insulto al sistema legal y a la confianza ciudadana. El exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en su etapa de “Santa Claus institucional”, repartió notarías como si fueran pan dulce, dejando tras de sí un panorama lleno de irregularidades que ahora las autoridades actuales tratan de ordenar. Pero ¿será suficiente?
En este enredo legal y ético, el Congreso de Tamaulipas ha decidido dar un paso al frente con reformas que buscan poner orden en el sector notarial. La intención, al menos en papel, es robustecer el marco disciplinario para que estos profesionales de la fe pública trabajen con honestidad y rigor. El diputado Claudio de Leija, como portavoz de estas reformas, nos asegura que las familias tamaulipecas podrán dormir tranquilas porque sus bienes estarán protegidos. Suena bonito, ¿no? Pero la pregunta persiste: ¿cómo se garantizará que esta nueva estructura no sea solo maquillaje político?
El proyecto de ley propone medidas claras, como transparentar la expedición de fíats notariales, establecer sanciones más duras y agilizar procesos para detectar y corregir irregularidades. Es decir, menos burocracia y más acción. Pero lo realmente interesante aquí es que este movimiento no solo se trata de tapar los huecos legales que dejó la administración anterior, sino de poner el listón alto para que la fe pública no sea un privilegio para unos cuantos, sino un derecho universal.
Ahora bien, no hay que ser ilusos. El papel aguanta todo, y en México tenemos una larga tradición de leyes brillantes que naufragan en la ejecución. Este esfuerzo legislativo será tan útil como su capacidad para mantenerse alejado de los intereses políticos y económicos que históricamente han manchado el sector notarial. Porque, aceptémoslo, el verdadero reto no es redactar leyes, sino aplicarlas en un sistema que a veces parece diseñado para premiar la impunidad.
Pues sí, queridos lectores, la reforma es una oportunidad histórica para recuperar la confianza de los tamaulipecos. Pero no debemos conformarnos con la buena intención. La ciudadanía, como siempre, tiene la última palabra: fiscalizar, exigir y no bajar la guardia. Porque en este país, ya no estamos para patitos, sean de hule o de notariado.
¿Usted qué opina?