Los municipios de México son los espacios vitales donde los pueblos se desarrollan, crecen y viven de la mejor manera que pueden. Obvio que éstos requieren ser permanentemente mejorados en su urbanismo, su equipamiento y sus servicios públicos.
Pero el evidente deterioro material de todos ellos es un reflejo del deterioro moral de su clase gobernante en la que prevalece una cultura del robo, y claro, de una ciudadanía que teme alzar la voz para denunciar y plantar cara a sus corruptos representantes.
Ya es parte del paisaje que cada tres años en la inmensa mayoría de los Ayuntamientos del país emerja un nuevo rico, mientras el rezago de servicios públicos crece exponencialmente acumulándose como una deuda social impagable para el Estado.
La integridad ética del presidente López Obrador y su labor por promover la ética pública y el compromiso con la Patria, ha permeado escasamente en la clase gobernante porque las ambiciones humanas de este sistema económico arrollan fácil y mayoritariamente los frágiles valores éticos de nuestra sociedad. Es literalmente una batalla de David contra Goliat.
Está claro que la clase política del país sólo se sustraerá de estas prácticas hasta que otro Poder Judicial aparezca en escena y establezca precedentes, enviando a la cárcel a funcionarios públicos, gobernadores y ediles corruptos, no por razones políticas o partidarias, sino por un mero acto de justicia, rompiendo de tajo con la lógica de impunidad prevaleciente.
Al sucesor del presidente López Obrador le tocará esta tarea junto con el nuevo Congreso Federal, pero sobre todo será el pueblo organizado el que deberá presionar a través de una Asamblea General Constituyente que renueve completamente el Poder Judicial. De esto dependerá el éxito o el fracaso y trascendencia de la Cuarta Transformación de la vida pública de México.