Estamos a unos días de la Consulta Popular del 1ro de agosto, en la que se nos consultará sobre llevar a cabo “acciones para el esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en el pasado” en palabras del INE, pero que para el decir popular significa juzgar a los expresidentes. En realidad hay mucho más de fondo.
El debate sobre el asunto va desde quienes llaman a no acudir a la consulta, hasta los que cuestionan el costo del ejercicio para el presupuesto público, pasando por quienes insisten en que se debió consultar a la población durante el pasado ejercicio electoral del 6 de junio. Entre los detractores y quienes apoyan, en el mar de opiniones, se pierden detalles importantes sobre los cuales vale la pena reflexionar.
Aquí quiero referirme a un asunto que –en mi opinión– es mucho más relevante para la sociedad mexicana que la “venganza política” que algunos aluden a la consulta, o el monto de recursos públicos que costará el ejercicio respecto al costo financiero, social y político que han significado múltiples hechos o actos de corrupción acumulados por décadas. Me refiero a la participación ciudadana, es decir, a la posibilidad de influir en decisiones públicas gubernamentales que nos conciernen a todos los mexicanos.
A diferencia de la participación política electoral, a través del voto, esta consulta será una ocasión para el ejercicio no electoral que no es otra cosa más que una actividad de la comunidad que refleje nuestra postura sobre el actuar público –en esta ocasión- pero que podrían en el futuro referir a otros asuntos de interés colectivos, es decir, participación social. Y es que en México tenemos un problema: bajos niveles de participación en organizaciones sociales desde donde sería posible también empujar diversas agendas ciudadanas.
Según la Encuesta Nacional sobre Calidad de la Ciudadanía (IFE, 2013) 45.7% de la población nunca ha tenido experiencia de membresía como, por ejemplo, pertenecer a sindicatos, asociaciones deportivas, sociales, religiosas o cualquiera de carácter cívico. Si además de esto sumamos que en México aún tenemos problemas en la rendición de cuentas, el escenario redunda en bajos índices de confianza que los ciudadanos sentimos respecto a instituciones del país, ya no sólo actores políticos, sino instituciones como el Ejército, la Iglesia, los medios de comunicación, las universidades, etc. Es decir, el coctel formado por la desconfianza, la falta de transparencia, la baja membresía en organizaciones sociales, incluso la desinformación, derivan en escasa participación ciudadana que al final del día también tiene un costo social.
Una sociedad participativa tiene la posibilidad de crear agendas ciudadanas y empujar su discusión y análisis, verificar la rendición de cuentas a través de las leyes de acceso a la información, dar seguimiento al cumplimiento de la ley y reglamentos que rigen nuestro actuar, etc. Entonces, más allá de si se está o no de acuerdo con el motivo de la Consulta Popular, si se está o no de acuerdo con la redacción de la pregunta que se hará, más allá de si vota por el SÍ o si vota por el NO, es importante que ejerzamos nuestro derecho a participar y nuestra responsabilidad de opinar sobre los asuntos que nos afectan a todos. Participe en la Consulta popular del 1ro de agosto independientemente de su respuesta a la pregunta.