Más de 300 unidades de transporte estarían operando actualmente fuera del marco legal en la ciudad, de las cuales alrededor de 250 corresponden al servicio que prestan a maquiladoras, informó Gilberto Martínez Arcega, delegado del Transporte Público, quien dijo que en caso de no regularizarse, podrían iniciarse operativos a partir de la segunda quincena de marzo.
El funcionario explicó que tan solo en el sector maquilador se han detectado más de 200 unidades sin concesión estatal, e incluso hay empresas que operan con más de 100 vehículos en esta condición.
Detalló que se han expedido más de 100 constancias a concesionarios que ya integraron su expediente para solicitar formalmente la concesión, incluyendo taxis que anteriormente operaban con permiso.
Te podría interesar
En cuanto a las concesiones que podrían quedar sin efecto, explicó que no existe aún una cifra oficial, pero adelantó que aquellas incluidas en el paquete deberán sujetarse a lo que marca la ley, con oportunidad de presentar recursos administrativos.
El Estado busca que los concesionarios estén al corriente en sus contribuciones ante la Secretaría de Finanzas y la Subsecretaría correspondiente; de no ser así, se procederá al retiro.
El delegado aclaró que, en caso de cancelaciones, no se afectará el servicio a la ciudadanía, ya que se trabajará para cubrir los espacios con otros concesionarios e incluso con apoyo de empresarios mediante convenios con el Municipio.
Sobre el transporte de personal para maquiladoras, reconoció que el problema se ha “viciado”, ya que muchas empresas contratan unidades sin verificar que cuenten con concesión estatal, limitándose a solicitar opinión positiva ante el SAT y cumplimiento de obligaciones fiscales y de seguridad social.
“Se les olvida lo más importante, que es el permiso estatal para poder operar”, subrayó. Ante ello, se buscará primero el diálogo con organismos empresariales como INDEX y el Sindicato de Maquiladoras para invitarlos a contratar unidades concesionadas. Martínez Arcega, dijo que de no atender el llamado, podrían implementarse operativos para detener vehículos fuera de la ley.
“No quisiéramos llegar a eso porque afectaríamos a la mano de obra, pero si es necesario, lo tendríamos que hacer”, advirtió.
La problemática también alcanza al transporte escolar. Aunque no existe un censo exacto, se estima que el total de unidades sin concesión, entre transporte de personal, escolar y público, supera las 300.
En algunas secundarias y primarias, principalmente en el sector poniente, se han detectado vehículos operando sin permisos, algunos incluso en condiciones de riesgo.
El funcionario aseguró que el trámite para regularizarse no es complejo, ya que sólo se requiere presentar una solicitud dirigida al gobernador, acreditar la propiedad legal de la unidad y cumplir con la documentación correspondiente.
“No es difícil; lo que falta es voluntad”, afirmó.