El asesinato a balazos de un joven a manos de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, luego de una supuesta persecución, choque por alcance, volcadura y disparos contra los tripulantes de una camioneta, ha dejado en el centro de la polémica el uso de la fuerza por parte de los militares.
La víctima, un hombre de aproximadamente 24 años, viajaba en una camioneta Ford F150 modelo 2000 de color rojo junto a otros cuatro jóvenes. Según testigos, el incidente comenzó cuando personal de la Sedena emprendió una persecución contra el vehículo.
Durante la persecución, registrada en la Carretera a Piedras Negras, Coahuila, a la altura del kilómetro 23, los militares impactaron la camioneta por la parte trasera, provocando que el vehículo volcara, saliéndose de la carpeta asfáltica, quedando entre los matorrales.
Los testigos también afirman que, tras la volcadura, los militares abrieron fuego contra los cinco ocupantes de la camioneta. La víctima fatal recibió un disparo en la cabeza y murió en el lugar. Los otros cuatro jóvenes, quienes sufrieron lesiones graves, fueron trasladados al Hospital General de Nuevo Laredo para recibir atención médica.
El operativo militar, que aparentemente se llevó a cabo bajo el pretexto de una revisión de rutina, fue ejecutado de manera brutal. Los militares no permitieron el acceso de paramédicos al lugar del incidente, y en su lugar, entregaron a los heridos a las autoridades para su traslado al hospital. Esta actitud ha generado una gran preocupación y repudio entre la población local.
El incidente ha atraído la atención de varias agencias. La Guardia Nacional, al tratarse de un tramo federal, acudió al lugar para tomar conocimiento del hecho. Además, agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas llegaron para dar fe de los acontecimientos y comenzar con las investigaciones pertinentes.
La violencia empleada por los militares en este caso plantea serias preguntas sobre el uso de la fuerza y el manejo de situaciones que involucran a civiles. La comunidad de Nuevo Laredo está exigiendo respuestas claras y una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del suceso y asegurar que se haga justicia para la víctima y sus acompañantes.
Este evento ha exacerbado la tensión entre la ciudadanía y las fuerzas armadas, y ha puesto en evidencia la necesidad urgente de revisar los protocolos de actuación en situaciones que involucren a civiles, para evitar futuros incidentes de violencia innecesaria y garantizar el respeto a los derechos humanos.