Luego de la tempestiva incursión en El Palomar y otras oficinas del Ayuntamiento en junio del año pasado cuando aún estaba vigente el gobierno panista, que resultó en una orden de aprehensión en contra de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, el 18 de agosto, un juez de control determinó el auto de no vinculación a proceso, quedando sin efectos la acción que pretendía realizar el entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
Durante la conferencia de ayer, el secretario del Ayuntamiento, Juan Ángel Martínez Salazar, señaló que ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía de la República en contra de los hechos que consideran como un atropello y farsa fabricada para quien en ese entonces había ganado la elección.
“Tenemos información suficiente que lleva a la conclusión que desde el piso número 20 de las oficinas de Bienestar Social del Estado se urdió toda esta farsa, esta carpeta fabricada de la manera más burda, ruin, porque esa es la palabra, para perjudicar a una persona que en las urnas había ganado la Presidencia Municipal, ya se tiene una denuncia presentada ante la Fiscalía de la República, donde incluso se quiso meter mano”, dijo Martínez Salaza.
Faltando escasas dos horas para el inicio de la jornada electoral del 5 de junio del año pasado, cuando se renovaría la gubernatura tamaulipeca, a las 5:50 de la mañana un contingente fuertemente armado de elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado irrumpió en las instalaciones de la Secretaría de Tesorería y Finanzas del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, ubicado en el edificio conocido como El Palomar.
“Ya basta de estos atropellos y vamos a seguir defendiendo los derechos de la presidenta municipal que tiene como persona o independientemente del cargo, sino como su persona y de cualquier autoridad en funciones. La investigación estará sujeta a lo que establece la ley y a los procedimientos y al respeto de los derechos humanos; entonces es esta fabricación burda muy parecida a otra triste historia en la que fabricaron todo”, expuso.
Durante meses, el equipo de abogados de la presidenta municipal, había solicitado una audiencia justa apegada a la ley y que se logró apenas el 18 de agosto en la que además de fallar a favor de la alcaldesa, se mencionó el uso de pruebas ilícitas que se declararon nulas “El amparo duró más de un año sin tener resolución, creo que Nuevo Laredo requiere otro juzgado federal para tramitar los amparos, el Cabildo hizo una propuesta al Consejo de la Judicatura Federal y nos contestó que estaba en análisis; pero acuérdense que la justicia que no es pronta, ni expedita no es justicia, y esperar más de un año para una resolución de amparo, lastima al quejoso. Vamos a seguir pugnando para que aquí cambien las condiciones en materia federal y en todas las materias”, puntualizó Martínez Salazar.