DENUNCIAN QUE DILATAN EL CASO

Buscan con medidas evitar fuga de Rivas; denuncian que dilatan el caso

De ser declarado culpable, exalcalde podría pasar de tres a 20 años en prisión, por ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades

Escrito en NUEVO LAREDO el

Luego que el juez validó la vinculación a proceso en contra de tres exservidores públicos de la Administración 2018-2021, entre ellos el exalcalde Enrique Rivas, el actual Gobierno Municipal señaló que existe resistencia por parte de la Fiscalía Anticorrupción, a la que acusó de realizar prácticas dilatorias en favor de los imputados, situación que se dará a conocer al Congreso del Estado.

“La presidenta lo manifestó en Cabildo, sí ha habido resistencias, muy fuertes por parte de la Fiscalía Anticorrupción, ha habido esos cambios que ella manejó, tres Ministerios Públicos que se han asignado al mismo caso y obviamente con una estrategia dilatoria, la remoción de uno de ellos por haber actuado autónomamente al haber judicializado ese caso.

"Vamos a darle cuenta al Congreso del Estado de esa actuación inédita, como lo dijo la presidenta, en la práctica judicial, que cuando ya se solicita una audiencia, querer retirar la audiencia, ese es el punto que está cuestionable”, expresó Juan Ángel Martínez Salazar, secretario del Ayuntamiento.

Detalló que de ser declarados culpables por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, se les impondrá una sanción de tres a siete años de prisión y la inhabilitación de cuatro a siete años para desempeñar un empleo, cargo o comisión pública y por el uso ilícito de atribuciones y facultades obtendrían una sanción de 10 a 20 años de prisión.

El 19 de abril, se realizó la audiencia en la que el juez determinó que el exalcalde y dos exfuncionarios, así como un particular, fueran vinculados a proceso, al primero de ellos con medidas cautelares.

RIESGO DE FUGA

El asesor jurídico y abogados del Ayuntamiento solicitaron que al expresidente municipal y el resto de los imputados se les aplicaran medidas cautelares, que fueron aceptadas por el Juez -para aplicarse a Enrique Rivasante el riesgo de fuga.

“En el caso particular del imputado Óscar Enrique, se solicitaron medidas cautelares para que su proceso lo llevará en libertad, sin embargo, con restricciones, porque se fundamentó y se aportaron elementos de prueba que advierten un peligro de sustracción de la justicia por parte de este imputado”, detalló Martín Lozano Méndez, asesor jurídico del Ayuntamiento.

“El juez de control, después de escuchar a la defensa y al propio imputado, decidió que ese peligro de sustracción o peligro de fuga como también se le denomina, sí existe y por lo tanto decidió imponerle tres medidas cautelares con la finalidad que el proceso no se interrumpa a consecuencia de una evasión”, añadió.

La tres medidas cautelares determinadas por el juez fueron: obligar a Rivas Cuéllar, a presentarse a firmar una vez al mes durante todo el tiempo que esté vigente el proceso en su contra, así como una garantía económica de 100 mil pesos, teniendo 10 días para hacerlos y por último no puede abandonar la ciudad o el estado ni salir al extranjero, sin autorización cautelar. Sí se incumple con estas medidas automáticamente será reportado al juez y se solicitarán medidas cautelares distintas, en las que puede incluirse una orden de aprehensión. Asimismo existe un particular que será investigado de manera especial, debido a las justificaciones presentadas ante el juez de control, luego que no se presentó a la audiencia por motivos de salud.

Martínez Salazar destacó que a través de este proceso se busca que se repare el daño a la hacienda pública municipal, ya sea en una etapa inmediata o hasta que el tribunal de enjuiciamiento los haga responsables de la participación en los ilícitos y los condene a la reparación del daño en forma posterior.

El contralor del actual Ayuntamiento, Enrique Álvarez del Castillo, destacó que a pesar de que las cuentas públicas del anterior exalcalde hayan sido aprobadas, se podría solicitar una auditoría. “El informe de la cuenta pública -de la administración pasada- ya fue calificado como tal en el Congreso, no se puede reabrir, pero lo que sí es factible es que el Congreso pudiera solicitar en todo caso, una revisión específica o especial a la Auditoría Superior del Estado sobre este tema”, expresó Martínez Salazar.

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