La Auditoría Superior de la Federación anunció que realizará una profunda investigación por desvíos de recursos e investigará a funcionarios de Tamaulipas vinculados a la Cuenta Pública 2022 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, (último año de gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca).
La ASF aplicará la que se conoce como Auditoría Forense, la herramienta de investigación que se usa en casos especiales para revisar con gran detalle el uso de recursos públicos y encontrar fraudes o conductas ilícitas y revisarán contratos realizados por la UAT, así como el uso de la nómina, y las participaciones federales.
En el programa anual, se incluye a la UAT en la auditoría 1846 y 1847.
La Auditoría Forense, según la investigadora Muna Dora Buchahin, tiene la finalidad de prevenir e investigar el fraude en la administración gubernamental.
“Puesto que este tipo de auditoría tiene como propósito comprobar la existencia de delitos y conductas ilícitas, su ejercicio cuenta con la facultad de investigación, lo que la hace singular frente a las demás ramas auditoras”.
INVESTIGACIÓN A LA UAT
En el calendario de auditoría para el 2023, se incluyen a entidades de Tamaulipas, como los gobiernos estatal y municipal, además de organismos autónomos como la Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Detallan que se revisarán “Contratos Suscritos por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y Timbrado de la Nómina de los Trabajadores, Financiados con Recursos del Gasto Federalizado del Ejercicio 2022, Incluidas las Participaciones Federales de Cumplimiento, por lo que se ordena una Auditoría Forense y Presencial”,
La Auditoría Forense según la ASF “está encaminada a ejercer la facultad de investigación, con el propósito de verificar la existencia de delitos o las denominadas en sentido amplio conductas ilícitas de servidores públicos o terceros, realizadas en la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de los recursos federales y, en caso de existir elementos que acrediten su intervención, llevar a cabo las acciones procesales tendentes a exigir la responsabilidad que corresponda”.